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En Barranquilla, compañías de transporte reportaron afectación en 70% de su operación, con restricción en rutas. Surtigas y EPM, entre las energéticas perjudicadas
Desde la semana anterior se le sumó un elemento a la ecuación de crisis de suministros, inflación y covid que viene golpeando a las empresas del país: el paro armado que impuso el Clan del Golfo. Cortes en el suministro de gas en al menos 40 municipios, inmovilización de camiones de carga, cierres de comercios y tiendas de alimentos, vías interrumpidas y cortes de energía y gas son el panorama que deja hasta ahora el paro que pusieron en marcha los violentos, a base de amenazas tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe de la estructura criminal.
“De las 210 poblaciones que atendemos, en 34 llegamos por vías fluviales y nueve de ellas están en riego inminente de desabastecimiento. A pesar del apoyo, las dificultades continúan”
Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Chocó son los departamentos con más afectaciones por la situación, que completó ayer seis días.
Aunque las empresas que operan en estas regiones han tratado de mantener los servicios, varias manifiestan que la situación aún no se normaliza.
EPM anunció que 27 municipios de Antioquia presentan desabastecimiento de gas natural, dejando así a 123.330 clientes sin ese servicio.
Santiago Mejía Medina, gerente de Surtigas, explicó que para algunos municipios como Moñitos, Zaragoza, Puerto Escondido, El Bagre -en donde el gas natural llega a través de contenedores o pipetas- se han presentado dificultades para su distribución, afectando a 18.000 usuarios - aparte de los que ya presentaban desabastecimiento.
En el sector transporte la situación se ha tornado dramática. La movilización de carga y pasajeros ha estado restringida en las terminales de los municipios donde este grupo ha realizado hostigamientos. Según datos del Ministerio de Defensa, hay ocho terminales de transporte con operación reducida, cuatro vías principales cerradas y 200 automotores afectados.
En la Terminal de Transportes de Cartagena, por ejemplo, siguen suspendidos los despachos de buses hacia municipios del sur de Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia.
Según el director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, Samir Echeverry, la empresa ha registrado pérdidas por $2.500 millones y se reporta una reducción en 60% de la operación. Cerca de 40.000 pasajeros han dejado de transportarse y no se ha efectuado la salida de 1.588 vehículos. Terminales Medellín, por su parte, informó que el servicio en sus sedes del Sur y del Norte se mantiene, con excepción de las empresas que, con ocasión de las afectaciones de orden público, han tomado la decisión de no viajar a ciertas zonas que están en riesgo.
En Barranquilla, las empresas de este sector reportaron afectaciones de 70% en su operación, principalmente en los destinos desde Barranquilla hacia Sucre, Córdoba, Cesar y Antioquia. Ante este panorama, Nidia Hernández Jiménez, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, expresó que “confiamos en que aparte del cubrimiento de la póliza de terrorismo que deben tener nuestros transportadores también se refuercen las acciones de acompañamiento del Ejército y la Policía Nacional en las caravanas que se han programado, para garantizar la movilidad por las diferentes carreteras del país”.
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