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En la reunión del jueves, el Gobierno propuso un “pacto social y político” que incluye la puesta en marcha de un distrito minero
Tras las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien ordenó una “guerra total” contra la minería ilegal en Colombia, el gremio de mineros del Bajo Cauca antioqueño decidió manifestarse desde el pasado 2 de marzo bloqueando las principales vías que comunican a Antioquia con el departamento del Atlántico en los sectores de Llanos de Cuivá-Tarazá y en la salida de Caucasia.
El paro, que ya completa 10 días, ha tocado a 400.000 habitantes del Nordeste y el Bajo Cauca que no han podido recibir alimentos y medicamentos, según Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia.
“Son pérdidas millonarias, aunque no llevan a parar la producción en su totalidad. Sin embargo, hemos dejado de extraer 20% del plan mensual que habíamos establecido para este año”, dijo Javier Córdoba, presidente de Soma Gold.
Al respecto, Andrés Restrepo, presidente de Mineros S.A., dijo que cerca de 937 empleados se han visto afectados, sumado a los proveedores y clientes. “Generamos más de 950 empleos directos, de los cuales 70% son parte de la comunidad de los territorios donde hacemos presencia (áreas de influencia), además de contratos de operación que buscan la regularización de la actividad minera con el cumplimiento cabal de los requisitos de ley y las buenas prácticas laborales y de sostenibilidad que hoy representan el sustento para aproximadamente 300 familias, más la generación indirecta de bienes y servicios que moviliza esta actividad”, dijo.
Las principales peticiones de los mineros informales son: la formalización de la minería artesanal, la reglamentación de la Ley 2250 de 2022 para otorgar la presunción de legalidad minera, la creación de distritos mineros, el otorgamiento de licencias ambientales, la modificación el artículo 106 de la Ley 1450 y el decreto reglamentario 2235, que excluye la aplicación de las normas a los mineros que están en el proceso de formalización, la titulación a pequeños y medianos mineros de la zona y respetar el uso de maquinaria durante las actividades de minería que se ha visto afectada por las acciones de la fuerza pública.
Pese a que el jueves, los viceministros del Interior, Defensa, Minas y Energía y Medio Ambiente se reunieron con los líderes, estos no lograron llegar a un acuerdo, pues los voceros del paro alegaban que los propios ministros no hicieron presencia y que no había las garantías suficientes para levantar el paro.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM), por su parte, hizo un llamado para que durante los diálogos que se desarrollan en el Bajo Cauca antioqueño, se tenga en cuenta la protección de los derechos humanos de las familias, trabajadores y comerciantes de la zona que se han visto afectados.
“El bloqueo de las vías terrestres y fluviales, desde y hacia la costa norte, afecta el tejido social, la movilidad, el sustento y el acceso a la salud y a la educación de las comunidades, no solamente de los departamentos de Córdoba y Antioquia, sino de todo el país, impidiendo el tránsito de personas, alimentos, medicinas e, incluso, el traslado de pacientes, poniendo en riesgo derechos fundamentales de la población”, dijo la ACM, entidad dirigida por Juan Camilo Nariño.
Así mismo, Mineros S.A., hizo un llamado al Gobierno para que acompañen a las comunidades, les permitan el libre derecho al trabajo, la movilidad y la seguridad de sus empleados y habitantes de la región.
Durante la reunión del jueves, se le propuso a los organizadores un “pacto social y político” que incluye la puesta en marcha de un distrito minero y de un plan de formalización de pequeños y medianos mineros del territorio y disminuir el impacto ambiental.
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