Empresas de servicios públicos están preocupadas por la suspensión de pagos

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Debido a la rápida expansión del Covid-19, en los países en los que ya hay cuarentena nacional como Francia han decidido anular el pago de los servicios públicos. En Colombia, el presidente Iván Duque también decretó un aislamiento obligatorio total desde el próximo martes a las 23:59 horas y ayer sorprendió el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo que no se cobrarán los servicios a ningún estrato por un mes.

La posible suspensión en los pagos de facturas tiene en alerta a los gremios de empresas prestadoras de servicios públicos y de telecomunicaciones. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), dirigida por Camilo Sánchez, aseguró que lo principal es asegurar el acceso a los servicios pero sin perjudicar la subsistencia de las empresas prestadoras a nivel nacional.

"Hoy por hoy, los servicios públicos juegan un papel fundamental para los colombianos, por consiguiente se requiere tener la seguridad y salud financiera de los prestadores de servicios públicos. Hoy no podemos poner en riesgo que estas empresas se quiebren porque con el aislamiento que tenemos en estos tiempos es fundamental que se pueda prestar de manera eficiente y solidaria el trabajo", aseguró Camilo Sánchez, quien agregó que las medidas hay que tomarlas de tal manera que se puedan compensar los recursos de capital de trabajo de estas entidades.

Sánchez afirmó que se encuentran hablando con el Gobierno para tomar las decisiones pertinentes que permitan asegurar el acceso del servicio a las personas más vulneradas de la sociedad por medio de auxilios y apoyos. El dirigente gremial resaltó el compromiso de las empresas con la solidaridad en medio de la crisis para apoyar de manera sostenible el desarrollo de las medidas nacionales, enfatizando que estas deberán ser tomada por el gobierno nacional y no entidades departamentales.

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Por su parte, Samuel Hoyos, director de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), afirmó que si bien están dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para solventar la crisis, las medidas que se tomen deben ser pertinentes y deben corresponder a las verdaderas necesidades del país y la sociedad.

Igualmente, Hoyos afirmó que si la industria no cuenta con los recursos para sostener su actividad, es muy probable que los servicios no se puedan prestar; más aún cuando se habla de un sector con deudas en dólares e ingresos en pesos en medio de una situación en la que el peso está muy devaluado frente el dólar.

"Entendiendo la necesidad de garantizar que los colombianos tengan acceso a conectividad, aún quienes van a perder sus ingresos por la coyuntura, el Gobierno y la industria pueden tomar medidas en este sentido; pero estas tienen que ir encaminadas a garantizar la comunicación de los colombianos y la sostenibilidad de la industria para que pueda seguir prestando el servicio. Los subsidios deben estar enfocados a la población más vulnerable y a quienes realmente lo necesitan", dijo Hoyos a LR.

El dirigente gremial resaltó que las empresas del sector están haciendo un gran esfuerzo para apoyar a las comunidades en medio de la crisis, puesto que se están brindando ayudas a empresas pequeñas en cuento al pago de sus cuentas y se han aumentado las capacidades del servicio sin afectaciones a las facturas.

Tanto Sánchez como Hoyos dejaron ver su preocupación frente a la manera como se lleguen a tomar estas medidas e invitaron a consumir los servicios de manera mesurada y para las actividades que lo necesiten de manera estricta a fin de no colapsar la capacidad del sistema. En el caso de la red, Hoyos afirmó que ha habido un aumento en el tráfico de la banda fija alrededor de 90% y en la banda móvil alcanzó 20%.

La situación es realmente delicada, entendiendo que a nivel nacional hay siete millones de accesos fijos a internet y otros 28,9 millones accesos móviles de los cuales 66,9% usan redes de tipo 4G.

De igual forma, en cuanto a los servicios públicos, el campo de acción de estas empresas abarca 96,3% del territorio nacional en el caso de la energía eléctrica, el acueducto llega a 86,4%, otro 81,6% de la población tiene acceso al servicio de recolección de basura, 76,6% a alcantarillado, 66,8% a gas natural por conexión y finalmente un 43,4% tiene conexión a internet.

Por lo tanto, de afectarse la capacidad de prestación de los servicios, tales porcentajes también se verían afectados de manera significativa y directa.

Reacción de los gremios ante el anuncio de Claudia López
Sin embargo, las alarmas se dispararon aún más luego de que ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asegurara que entre el 20 de marzo y el 20 de abril no se cobrará a ningún estrato los servicios domiciliarios en la capital.

El anuncio tomó por sorpresa a Sánchez quién aseguró que no sabía nada de la medida y que además era algo que no estaba entre las competencias de López al ser el Gobierno Nacional el encargado oficial de tomar las decisiones frente a la pandemia. Además, este agregó que la Contraloría debería tomar cartas en el asunto para establecer bajo qué criterios alcaldes y gobernadores estaban tomando decisiones y con qué recursos las financiarían.

"Esta es una decisión que solo puede tomar el Presidente y la Contraloría debe tomar cartas en el asunto porque lo que dice la Constitución es que no se pueden tomar estas decisiones y si se van a tomar en cuanto a no cobrar algo se debe decir de dónde van a salir los recursos y cómo se va a sostener el servicio. Eso se hizo para evitar que se haga populismo y que con esto se ponga en riesgo la prestación de los servicios", sentenció el presidente de Andesco.

La medida inicialmente cobijaría a todos los estratos sociales de la capital. Ante esto, Hoyos, aseguró que "sería una irresponsabilidad subsidiar a los colombianos más ricos que están en capacidad de pagar; eso sería poner a los pobres a pagar las cuentas de los ricos. De igual forma, la alcaldía de Bogotá deberá aclarar y justificar cuales son las condiciones y el alcance de la medida, además de esclarecer cuales son las competencias legales que le permiten tomar una decisión de este tipo".

Más tarde, la alcaldesa salió a aclarar que la medida anunciada se tomaría en concordancia con el Gobierno Nacional, pero primero se asegurarán recursos para necesidades básicas.