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Este dinero incluye un fondo de adjudicación de tierras
El equipo delegado del complejo minero de Cerro Matoso culminó la etapa de las consultas previas con las nueve comunidades vecinas al complejo industrial de ferroníquel que habitan en la zona, lo que les permite avanzar en pedir la nueva licencia ambiental que pidió la Corte Constitucional para seguir la operación. Según Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, entre los resultados de estas consultas resalta “todo un programa de acompañamiento a las comunidades para implementar los acuerdos, que van hasta que finalice el proyecto en 2044”.
¿Ya finalizó el proceso de consultas que pidió la Corte?
En diciembre del año pasado terminamos las preconsultas y arrancamos en enero las consultas previas, estas consultas previas las hicimos con las ocho comunidades demandantes, pero también incluimos una comunidad afro. Le solicitamos al Ministerio del Interior incluir esta comunidad porque también es vecina. Arrancamos en enero de este año y ahora en octubre protocolizamos las nueve consultas. Esto lo hicimos dentro del periodo que definió la Corte Constitucional y por supuesto, tuvimos el acompañamiento de las entidades del Estado: Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, CBS, Anla, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Eso fue bien positivo.
Tras terminar las consultas, ¿ahora que viene?
Estas consultas y los acuerdos se integrarán al estudio de impacto ambiental. La idea es presentar este estudio de impacto ambiental a la Anla en diciembre de este año, por lo que creeríamos que en seis meses tendríamos la nueva licencia ambiental válida.
¿Cómo se ejecutarán los acuerdos?
Hay todo un programa de acompañamiento a las comunidades para implementar estos acuerdos, los cuales van de acuerdo con lo que podría durar el proyecto, que es hasta 2044. Los acuerdos que hicimos entre los temas sociales y temas ambientales están en el orden de $146.000 millones para todo ese periodo.
¿Cómo se repartirá ese presupuesto?
Más o menos la mitad es para temas ambientales y la otra mitad es para inversión social. Es importante destacar que la Corte Constitucional nos dio la orden de hacer consultas previas para discutir los temas ambientales únicamente. Pero, nosotros fuimos más allá de esos temas ambientales e incluimos el componente social.
¿Qué tipo de planes sociales?
En inversión social tenemos el tema de educación, agua, vivienda, emprendimiento y búsqueda de oportunidades de negocio. Pero, lo más importante es el tema de tierras, porque creo que esta es la primera consulta en el país que incluye ese componente; no solo de la entrega de tierras, sino también de la creación de un fondo para la adquisición de tierras en el futuro. Estamos entregando 400 hectáreas que quedarán como propiedad colectiva de las comunidades.
¿Al sector le hace falta trabajar con las comunidades?
El sector no tiene que ver estas discusiones con las comunidades como un gasto o un obstáculo. Esto al final es inversión, porque si las comunidades progresan uno lo hace.
“Hoy no puede existir ningún proyecto minero exitoso sin que cuente con la confianza de las comunidades. Es necesario avanzar en la interiorización del concepto licencia social para operar, tanto por parte de las comunidades como las empresas, porque es una relación de doble vía”.
La licencia ambiental de Planeta Rica
La firma está adelantando la licencia ambiental de Planeta Rica. Según Gaviria, ese estudio de impacto ambiental se presentará en este mes, por lo que esperan tener la licencia antes de junio del año entrante. Además, aseguró del potencial que es “similar a lo que fue la Esmeralda”. Otro de los datos que destacó el directivo es que al cierre del año fiscal (en junio) la producción llegó a cerca de 40.600 toneladas con ingresos de $1,6 billones. Sin embargo, la producción para el nuevo año será de alrededor de 36.000 toneladas por el freno que se hará para una mejoras de la planta.
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