En junio se tomarán decisiones en casos de papel higiénico y pañales

En Inside LR, Robledo comentó que Colombia debe cambiar el sistema de sanciones que impone la SIC y evaluar la cárcel para los cartelistas. Además, dijo que este será el año de las decisiones, pues se sabrá qué pasará con los presuntos carteles de pañales, papel higiénico, cuadernos y cemento. 

¿Cuáles son las principales quejas que se ponen ante la SIC y a cuánto ascendieron las sanciones en 2015?
La SIC ha venido desarrollando un trabajo muy importante para hacer respetar dos derechos colectivos: la libre competencia y los derechos de los consumidores. El Gobierno, desde 2010, se dio a la tarea de fortalecer esta entidad: el presupuesto pasó de $38.000 millones a $150.000 millones; y además, la capacidad sancionatoria aumentó 50 veces más. Las multas antes sumaban $7.000 millones y en los últimos años superan $200.000 millones. En 2015 ascendieron a más de $400.000 millones y en los últimos tres años se acercan a $1 billón. 

Por publicidad engañosa, ¿cuántos procesos hay? 
Son muchos los procesos que están en indagación preliminar. La  SIC tiene que ser ejemplarizante en este aspecto, no hay derecho a que un empresario, para posicionar un producto, termine atribuyéndole características que no tiene. En 2015 se dio la sanción más importante, impuesta a Genomma Lab; ahora, esa empresa está sometida a un proceso de autorización previa. 

La semana pasada se impusieron sanciones en el caso CDO. ¿Se adelantan más procesos?
En este caso hay dos tipos de actuaciones: una, en la que investigamos a CDO a través de sus empresas, en la que se impusieron multas que sumaron cerca de $5.000 millones a firmas de este grupo, a cuatro directivos y al calculista de las obras. Y la segunda, en la que la SIC se comporta como juez, donde emitimos sentencias ordenando la reparación de algunos propietarios y ordenando devolver 100% de los recursos a 64 propietarios de Continental Towers. Esta decisión es histórica por el caso y la cuantía, supera los $13.000 millones.

En Chile también se está modificando el sistema para que haya cárcel para los cartelistas, ¿se ha pensado hacerlo acá?
En América Latina hay una tendencia a la penalización con cárcel, acá tenemos que discutirlo, penalizarlo trae cosas buenas y malas. ¿Por qué no se ha hecho todavía en otros países? Porque la forma más efectiva de perseguir la cartelización es mediante las delaciones; en la medida en que se tipifique como delito, es más complejo hacer delaciones, porque también habría que hacer acuerdos con la Fiscalía General. 

¿Qué esfuerzos ha adelantado con la Fiscalía en contra de la cartelización empresarial luego de que firmaron el convenio? 
Ya tenemos indagaciones preliminares, cerca de 10 o 15 investigaciones adelantadas y en los próximos días vamos a tener una reunión con ellos para coordinar el tratamiento de los casos. Firmamos este convenio para poder ejercer funciones de policía judicial. 

¿Ya se llegó a un acuerdo con todos los azucareros sancionados para el pago de las multas?
La ley le permite a las empresas y personas sancionadas acercarse a la SIC y, que pagando 30% de la sanción, puedan acceder a un sistema de pago de cuotas. La mayoría de los multados ya ha pagado 30% del valor y están negociando la forma en que pagarían el 70% restante. Ya se han pagado más de $60.000 millones.

Ustedes adelantaban una indagación al sector energético para descartar acciones irregulares. ¿Qué pasó? 
Seguimos en eso. Para formular pliego de cargos, la Ley permite tener una indagación preliminar,  es una etapa importante porque es donde se recaudan pruebas. Aún estamos en ese proceso, que dura meses. 

¿En qué van los procesos por cartelización en cemento, pañales, cuadernos y seguridad? 
Ya terminó la etapa probatoria, siguen las audiencias de alegatos, ya hay tres programadas en febrero. Este es un proceso previo a la rendición del informe del superintendente delegado; tenemos audiencias  en cuadernos, pañales y papel higiénico. En abril, el delegado deberá haber rendido al despacho del SIC informe de estos tres casos, para que, entre mayo y junio, se tome una decisión final. Son tres casos muy importantes porque van a ser los primeros  con decisiones con empresas delatoras. Por eso también 2016 será el año de la Superintendencia, porque se definirán esos casos.  

El caso del cemento está en  pruebas y se espera la decisión a finales de este año. El caso de subastas ganaderas está para informe motivado y se resolverá también este año. 

¿Cómo crear una cultura del respeto sobre la libre competencia?  
Hay que seguir difundiendo una política pública a favor de la libre competencia. Y en casos de cartelización, hay que tener sanciones ejemplarizantes que envíen mensajes acerca de que la economía debe estar al servicio de todos. A la gente, y en especial a la menos favorecida, hay que cuidarle el bolsillo. 

¿Qué logró hacer Colombia para entrar al comité de Libre Competencia de la OCDE? 
Eso se produjo a mitad de 2014. Nos admitieron porque después de un examen encontraron muy ajustado nuestro régimen e institucionalidad. Hicieron unas recomendaciones que se han venido cumpliendo y  otras que están inmersas en el proyecto de ley que sometimos a consideración del Congreso. 

¿Cuál es el principal cambio inmerso en ese proyecto? 
Es un artículo en donde se permite cambiar la forma en que la SIC sanciona el régimen de la libre competencia. Tenemos un sistema llamado a recoger: cuando la Superintendencia encuentra una sanción puede poner una multa que va de $1 a $70.000 millones, monto que puede resultar insuficiente. Varios países ya entendieron que este es un sistema que debe derogarse, y tenerse en cuenta uno que guarde proporción con los ingresos y patrimonios de las firmas para establecer  topes porcentuales. 

La opinión

Edna Sarmiento
Socia de CavelieR Abogados
“La Superintendencia de Industria y Comercio hace efectivo el derecho que tienen los consumidores al vigilar la labor realizada por las empresas”.