El grupo Keralty llevará al Estado a un tribunal internacional por intervención de EPS

El sector salud sigue al rojo vivo, luego de que esta semana, Juan David Riveros, el abogado de Keralty, holding empresarial propietario de EPS Sanitas, interpuso una denuncia penal por considerar ilegal la medida de intervención contra la entidad.

El abogado aseguró que el Superintendente estaba impedido para conocer cualquier asunto relacionado con la EPS Sanitas, en la medida que, antes de estar en el cargo, “hizo comentarios y tomó posiciones que demuestran la animadversión que tiene contra la EPS”.

En entrevista con LR, el abogado del Grupo Keralty, Juan David Riveros, explicó los detalles de la denuncia en contra del superintendente Leal, el proceso que se seguirá en instancias internacionales para la protección de los recursos extranjeros y la postura frente a la intervención por la que la EPS atraviesa.

¿Cuál es la postura de Keralty en la intervención de la Superintendencia de Salud?

La postura es muy clara. Consideramos que se trata de un acto administrativo contrario a la ley y, en ese sentido, hemos diseñado una estrategia jurídica en diferentes frentes que tiene por finalidad únicamente tratar de que la administración vuelva lo más pronto posible a nosotros; es decir, queremos recuperar por la vía judicial la empresa.

¿Cuáles son esos frentes de recuperación?

Una parte es la denuncia por prevaricato por acción, que parte de la base de que un funcionario del Estado haya tomado una decisión manifiestamente contraria a la ley. Más allá de las inexactitudes que hay en la motivación de la decisión, se toman acciones que están por fuera del marco legal.

La primera de ellas y tal vez de las más relevantes, es que ordenaron remover, no sólo a los administradores, que sería lo usual, sino a los socios y a la asamblea de accionistas, eso es lo más parecido a un fenómeno jurídico que se llama expropiación por vía indirecta.

Hay otra parte que son unas acciones de carácter constitucional porque la tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, está prevista en el ordenamiento y en la jurisprudencia actual.

Hay que agotar una cosa que se llama la vía gubernativa, que es darle la posibilidad al mismo funcionario (el superintendente Luis Carlos Leal) que corrija. En eso consiste el recurso de reposición que se radicó. Nosotros entendemos que el superintendente no es objetivo en lo que tiene que ver con algún asunto de la compañía y por eso lo hemos recusado.

¿En qué se basan para decir que el Superintendente no es objetivo?

Cuando uno revisa sus redes sociales, de varios meses, encuentra una serie de mensajes en X, en donde de manera usual o sistemática se refiere a Sanitas y a Keralty de una manera, por decir lo menos, peyorativa. Cuando uno es un particular y no tiene sino la intención de expresar su pensamiento y su opinión, no hay problema.

Pero cuando ese particular queda investido de función pública, es decir, los nombran en un cargo del Estado con funciones de inspección, control y vigilancia, están en la obligación de poner de presente esas razones de impedimento; el señor Leal no lo hizo. No hay objetividad porque ya hay un prejuicio, hay un preconcepto de esa persona.

¿Para qué recurrirán a instancias internacionales?

Creemos que se está poniendo en riesgo la protección del derecho fundamental a la salud. En ese sentido, daremos traslado al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a la Comisión y la Corte. Pondremos en conocimiento lo que creemos que es una vulneración a ese derecho a la relatora para el derecho a la salud física y mental de las Naciones Unidas.

Los inversionistas extranjeros, que están representados en el grupo, están considerando notificar formalmente una disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de la inversión que resulten aplicables; de hecho, ya se radicó una carta ante el Ministerio de Comercio Exterior.

¿Cómo sería el proceso de resarcimiento del derecho presuntamente afectado?

Los trámites internacionales en el marco de la protección de la inversión a lo que apunta es a que no se afecte la inversión extranjera en un país como consecuencia de un acto arbitrario del Estado. Si uno llega al escenario del tribunal de inversión internacional, allí se harán unas pretensiones de carácter indemnizatorio.

¿Confían en los argumentos del Gobierno?

Creemos que la argumentación de las cifras que plantea el Gobierno es amañada, eso hace parte de lo que nosotros pensamos; es una estrategia en la que han participado desde hace varios meses tendiente a asfixiar, no solo a la EPS Sanitas, sino al sector.

En cuanto a las cifras, las EPS periódicamente tienen que renovar su licencia de funcionamiento, su habilitación. Sanitas había hecho ese trámite el año pasado, y en septiembre de 2023, el Gobierno nos dio la posibilidad de seguir trabajando, es decir, nos renovó la habilitación. Nosotros seguimos manteniendo la prestación de los servicios médicos.