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Luego de acumular deudas por más de $360.000 millones entre 2022 y 2023, que llevó al agotamiento de su patrimonio, la entidad pidió su retiro voluntario del sistema
Ayer, EPS Sura formalizó una solicitud ante el Gobierno Nacional para retirarse del sistema de salud, una decisión que era de esperarse después de presentar dificultades en sus indicadores financieros desde mediados del año pasado.
Esta crisis financiera llevó a EPS Sura a ser la segunda entidad prestadora de salud que se rindió ante el Gobierno, con un retiro voluntario del sistema. La misma decisión la había tomado Compensar EPS semanas atrás.
Solo entre 2022 y 2023, la compañía acumuló pérdidas netas por $360.000 millones y proyecta pérdidas cercanas a $500.000 millones en el año en curso, lo cual llevó al agotamiento del patrimonio de la sociedad.
“Hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema de salud, con la firme motivación de cuidar a cada una de las personas que ha confiado en EPS Sura. Sin embargo, en este momento se deben tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir con las obligaciones asumidas”, dijo Juana Francisca Llano, presidente de Suramericana.
La solicitud consiste en un programa de desmonte progresivo, un mecanismo jurídico que, según la empresa, permite el retiro de manera ordenada y diligente de la EPS. “Esto solicita una transición coordinada y planificada de sus afiliados, teniendo en cuenta sus necesidades de salud”, dijo la empresa en un comunicado.
La situación de la EPS, que tiene más de 5,3 millones de afiliados, era notoria desde julio de 2023, cuando alertaron al Gobierno sobre la crisis financiera que atravesaba la sociedad. “Tal y como lo advertimos al Gobierno Nacional desde julio de 2023, la situación es crítica, pero aún contamos con las reservas técnicas que respaldan los compromisos adquiridos que tenemos hasta la fecha”, dijo Llano.
Después de haber radicado el programa de desmonte progresivo, la Supersalud tendrá un periodo de 65 días para decir si acepta o no la solicitud, luego de eso se conocerán los tiempos en los que se ejecutará el proceso final.
“El Gobierno Nacional tiene desde el MinSalud definidos unos mecanismos a través de la norma que asigna a los afiliados a las EPS receptoras.Una vez se apruebe el programa de desmonte, se debe definir para donde irán”, explicó Pablo Otero, gerente de EPS Sura.
La presidenta de Suramericana dijo que mantendrán el servicio hasta el día que el Gobierno defina autorizar el programa de desmonte solicitado. “Esto es una decisión con EPS Sura, los seguros de la prepagada sí seguirán su vida normal como hasta hoy la conocemos”.
“Tal y como lo hemos reiterado, el país gasta más de lo que el sistema de salud tiene disponible para costearlo. La inadecuada financiación de nuestro sistema de salud es histórica y estructural, con un marco jurídico que otorga coberturas y servicios ilimitados, junto con un presupuesto limitado”, explicó Llano.
“Esta coyuntura se agudizó por el traslado masivo de usuarios hacia las EPS que continúan. Por todo esto, el sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica”.
“El Gobierno tiene un plazo de 65 días para dar respuesta al plan progresivo de desmonte, luego se conocerán detalles de la ejecución del mismo”.
La empresa no descartó que pueda ser intervenida por la Superintendencia de Salud, pues recalcó que no cumple con los indicadores financieros.
La intervención de las EPS por parte del Gobierno ha sido una constante en lo que va del año. En abril, la Supersalud tomó control de EPS Sanitas, la segunda entidad promotora de salud que más afiliados tiene en el sistema, con más de 5,7 millones de personas, que representan 11,17% del total.
Tan solo un día después, el miércoles 3 de abril, intervino a Nueva EPS, la que tiene mayor número de afiliados, con un total de 11,1 millones de personas, que representan 21,43%.
Luego, el pasado 5 de abril, Compensar pidió a la Superintendencia de Salud el retiro y la liquidación de su EPS, convirtiéndose en la primera compañía de este tipo en someterse al Gobierno de manera voluntaria.
El revolcón no terminó ahí, pues el 10 de abril el Gobierno tomó las riendas de S.O.S EPS, una de las compañías clave del suroccidente colombiano. Esta entidad tiene 751.349 afiliados, los cuales representan cerca de 1,45% del total.
Estas entidades promotoras de salud se sumaron a Famisanar, Emssanar, Savia Salud y Asmet Salud, las EPS que ya estaban bajo el control del Gobierno.En total, las siete compañías intervenidas suman más de 25 millones de usuarios, los cuales, agregados a los afiliados de las entidades que pidieron el retiro voluntario, tienen más de 33 millones de personas bajo las manos de la Supersalud.
Resta esperar que el Gobierno acepte las solicitudes de las EPS de Sura y Compensar para saber a dónde irán los afiliados de estas compañías y conocer los detalles del desmonte voluntario que pidieron después de tener números rojos en sus indicadores financieros.
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