"Esperamos tener tres nuevos pregrados y cinco posgrados, incluido un doctorado"

La Escuela Superior de Administración Pública hace dos años está bajo la dirección de Pedro Medellín. En este tiempo han logrado optimizar el uso de recursos y mejorar su presencia en el territorio. Así lo explicó el director Inside LR.

Usted recibió la institución hace dos años, ¿cuáles indicadores destaca en este momento?
Ha sido muy interesante. En un proyecto de investigación con la Contraloría encontramos que entre 2015 y 2019 se habían hecho asignaciones de $1,2 billones en contratación directa. Eso no significó que hubiera mejores o más profesores. Hemos logrado varios resultados importantes.

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Lo primero es que somos la institución con mejores resultados en incremento de matrículas y esfuerzo por recuperar la calidad académica; entre el primer semestre 2019 y el primer semestre de 2021 aumentamos 37% las matrículas. Segundo, estábamos en 140 municipios y ahora estamos en 196. En cerca de 100 municipios somos la única opción de estudio. El tercero es que cambiamos nuestro mecanismo de asistencia a los municipios y hoy estamos en 441 prestando asistencia. Tenemos una proporción grande de estudiantes que son servidores públicos. Actualmente, 300 alcaldes del país son egresados de la Esap.

Hace cuatro años la institución solo tenía 30 profesores de carrera, ¿en este momento cuántos tiene y qué planes hay para el corto plazo?
Hace una semana sacamos un concurso para tener 140 profesores de carrera, que sumados a los 30 profesores que tenemos y que sumen 170 profesores de carrera. Queremos llegar a 300 de tiempo completo con profesores ocasionales, invitados e internacionales que nos permitirán llegar a una proporción en la que cada profesor tiene un promedio de 60 a 62 estudiantes.

La institución ha sido destacada por un modelo de racionalización de gastos, ¿qué resultados le ha dejado este programa?
Nosotros encontramos sobrecostos muy grandes en contratos, por ejemplo, de alimentación. Así que empezamos un proceso de racionalización y a hacer mejores negociaciones para reducir costos entre $80.000 y $100.000 millones. Por otra parte había proyectos en el tema de infraestructura que tuvimos que parar porque había problemas de planeación. Este proceso nos deja un margen de entre $200.000 y $220.000 millones. Por el modelo que tenemos, el dinero que no se ejecuta no se devuelve al presupuesto y va al ahorro que ayuda a garantizar la sostenibilidad de la Escuela.

En Colombia hay dos problemas, por un lado la planeación, que igual no permite que se ejecuten en la totalidad los proyectos; por otro lado las normas impiden que la administración crezca y eso ha generado nóminas paralelas de contratistas. Nosotros pasamos de tener 3.500 contratistas a más o menos 1.500.

El índice de desempeño institucional en 2019 nos daba 70 puntos y nos ubicaba en el puesto 126. En un año logramos que subiera 80 puestos y aspiramos que a final de 2021 lleguemos al puesto 25.

Hace poco lanzaron el programa becas “Servidores Públicos Eficientes”, ¿de qué se trata y qué esperan obtener con este programa?
Nos planteamos dos cosas, primero el camino a la gratuidad para pregrado. Hay una condición y es que debe tener un promedio académico acumulado superior a 3,8. En otros programas pensamos en becas para mejores estudiantes y mejores servidores públicos. Estamos recuperando el conocimiento de los funcionarios y a los mejores becarlos para que esas personas puedan avanzar.

¿De qué manera pueden garantizar que la austeridad que han logrado se mantenga en otras administraciones?
Esto tiene que ver con qué tan sostenible es el proceso. Nosotros nos metimos en fortalecer institucional y académicamente la escuela. Por eso lo primero que hicimos fue pasar todo este proceso a una reforma administrativa. El entonces ministro de Hacienda nos permitió un proceso de crecimiento para tener menos profesores de cátedra y aumentar los profesores de planta. Con eso tuvimos ya un gran ahorro y establecimos una talanquera para que no se necesiten tantos contratistas.

¿Cuántos matriculados tuvo la universidad este año? ¿Afectó la pandemia la inscripción de alumnos?
Cuando llegamos había 15.000 estudiantes, a diciembre de 2019 logramos llegar a 18.000 y hoy tenemos 21.000 estudiantes. En la pandemia registramos un crecimiento en las matrículas muy bueno. Hoy todos nuestros estudiantes están virtuales. Al inicio de la pandemia nos enfrentamos a la dificultad de adecuar nuestra plataforma para llegar a todos los municipios. Contratamos la entrega gratuita de 3.500 SIM Card para que pudieran asistir a sus clases. Tenemos algunos problemas en algunos municipios por la conectividad.

¿Qué planes tienen con los ahorros logrados?
La idea es que este dinero sirva de colchón para inversiones futuras. Hay temas complejos como la infraestructura. Empezamos a gestionar recursos y comodatos para evitar la construcción de edificios porque es muy costosa. Algunas sedes como la de Cali requerían $25.000 millones en inversión cuando se usa intensivamente solo los fines de semana. En los casos en los que haya que construir o donde se deba recuperar una sede, lo haremos.

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¿Qué planes de expansión en infraestructura tienen proyectados? Y con respecto a la construcción de la sede de Neiva, ¿la reiniciarán este año?
El caso de Neiva es muy interesante porque demuestra los problemas que tenía la universidad. Hace unos años se elaboró el Plan Maestro de Infraestructura por $400.000 millones que estableció obras para diferentes ciudades. El plan hizo unas proyecciones sobreestimadas de la población. La obra de Neiva era de 7.000 metros cuadrados cuando en realidad necesitamos la mitad. El edificio se contrató para que sea entregado en obra gris a la escuela. Hubo una serie de problemas y se trancó la ejecución del proyecto. Por eso cuando llegamos tuvimos que tratar de rescatar el proyecto. En 18 meses debemos tener la sede lista.

¿Cuántas opciones de pregrado tienen en la actualidad, qué programas han integrado y hay planes de nuevas opciones?
En este momento tenemos administración pública y administración pública territorial. Y tenemos previsto presentar tres programas nuevos, uno en economía pública, también en administración pública étnica e intercultural, para el que hicimos un ejercicio con la comunidad Misak y comunidades raizales, y a más largo plazo, la ciencia de datos es un desafío para la gestión en el territorio. Nuestros egresados deben estar en la capacidad de manejar esta tecnología y esta información. Esos son los programas.

¿Cuántas opciones de posgrado tienen, cuáles son los más pedidos y han analizado nuevas inclusiones según las nuevas demandas que tiene el sector público?
El doctorado, por ejemplo, ya inició su proceso. Esto tarda unos cinco meses en ser revisado y aprobado. Está muy bien estructurado y creemos que lo vamos a tener aprobado para iniciar en el primer semestre de 2022. Hay otros cuatro programas de posgrado que estamos presentando, una especialización en contratación pública que ya está estructurada, uno de comunicación gubernamental; una especialización en cuentas territoriales que queremos desarrollar en conjunto con el Dane y un programa en política social.