Estaciones de servicio en Pereira que no están cumpliendo con información de precio

La Superintendencia de industria y Comercio, SIC, dijo que, tras inspeccionar 25 estaciones de servicio en Pereira, 20% de estas no están cumpliendo con la obligación de informar sobre los precios de la gasolina ante la Superindustria, lo que refleja, según la entidad, falta de información, inconsistencias en los datos de los avisos frente a la de los surtidores, o aquella que no es legible para el consumidor.

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Las estaciones de servicios que supuestamente están incumpliendo con la información que requiere la SIC, como parte de su plan de protección al consumidor, son la estación de servicio Urbanos de Pereira de Terpel; la de GNV Avenida de Texaco; estación de servicio Mobil Centenario de Primax; estación de servicio Distracom Matecaña de Primax, la de Terpel Mercasa; Coral Gas Ltda. de Terpel; estación de servicio Corales Ltda. de Primax; estación de servicio Distracom Ciudad Victoria de Biomax; estación de servicio La 17 con Carrera 17 de Terpel y la estación de servicio Parque Olaya de Terpel.

Cabe resaltar que, la capital del Eje Cafetero, Pereira, cuenta con 51 estaciones de servicio registradas, de las cuales 25 fueron inspeccionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, dónde hallaron las fallas presentadas con anterioridad.

Frente a los combustibles la SIC realiza tres tipos de control. El primero tiene que ver con la publicidad de los precios, el otro sobre la calidad y un tercero de control metrológico, dirigido a garantizar que el usuario reciba la cantidad ofertada.

Con estas inspecciones la Superindustria busca salvaguardar el derecho que tienen los consumidores a visualizar y conocer el precio final del combustible de su interés, recibiendo una información clara, suficiente y oportuna, que les permita tomar una decisión de consumo sin necesidad de ingresar a las instalaciones administrativas de la estación de servicio.

Si la entidad llega a comprobar lo presentando en este comunicado, la SIC impondrá multas por hasta $2.320 millones, lo que equivale a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.