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La ampliación de la jornada laboral nocturna, más recargos dominicales y festivos, y la eliminación de los contratos por prestación de servicios, aumentarían los costos
Mientras todos los ojos están puestos en la tributaria, que quedaría aprobada a finales de noviembre, avanza de manera silenciosa otra reforma estructural propuesta por el Ministerio de Trabajo.
Aunque no hay un texto, la titular de la cartera, Gloria Inés Ramírez, ha dado algunas puntadas de su contenido, que desde ya alertan a los empresarios en cuanto, según cálculos de Fedesarrollo, aumentaría los costos de contratación en 12%.
Según Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial, los puntos que más preocupan de lo que se conoce de la iniciativa son ampliar la jornada diurna, para que empiece a las 6:00 p.m. y no a las 9:00 p.m. como sucede hoy; afectar con mayores costos los recargos dominicales y festivos; y la eliminación de los contratos por prestación de servicios.
La primera medida, que tiene que ver con la jornada diurna, impactaría especialmente a los establecimientos de comercio como restaurantes, discotecas y bares, entre otros, pues por sus horarios de operación se verían obligados, necesariamente, a pagar más.
Eso, sumado al incremento del salario mínimo del próximo año y el inicio de la reducción gradual de la jornada laboral semanal, de 48 a 42 horas, conllevaría a un alza de 32% en los costos de contratación para los establecimientos comerciales.
Otra preocupación tiene que ver con modalidades de vinculación, pues la Ministra ha mostrado su intención de, en la práctica, acabar con los contratos por prestación de servicios.
“De entrada tenemos un régimen laboral completamente anacrónico”, dijo Marino Gómez, gerente de Distribuciones PVC, que agregó que eliminar la posibilidad de contratar por horas tendría un impacto “fatal”, especialmente en la generación de empleo en el campo.
De hecho, una de las peticiones de Cabal al Gobierno durante la instalación del congreso de Fenalco, celebrado la semana pasada en Cartagena, fue incluir nuevas medidas de vinculación que interpreten los modelos de las empresas en el mundo actual. ”Esto no es precarizar, es flexibilizar las normas para contratar en la nueva realidad”, dijo. Esa, justamente, es una de las inquietudes de los empresarios, que no solo ven con temor un aumento en sus costos laborales, sino también que las reglas que hay de por sí ya resultan anticuadas. “No se está hablando todavía sobre la transición de un gran volumen de empleos que pueden quedar obsoletos a partir de la automatización y el uso de tecnología. Este debe ser un tema central hoy, para así atender la transición de las capacidades de nuestra población, asegurando el empleo en el futuro cercano”, anotó Kenneth
Mendiwelson, presidente de la Junta de Endeavor y CEO de la fintech Referencia.
Las medidas planteadas, hasta el momento, coinciden los consultados, afecta la viabilidad de las empresas, especialmente de las micro y pequeñas, que representan 98% del tejido empresarial.
“El problema de esta reforma es que, por cuenta de las peticiones de los sindicatos, se están reivindicando los derechos de los trabajadores formales, que en todo caso son una minoría. En ningún momento se está pensando en fomentar la generación de nuevos puestos para quienes no tienen, o el tránsito hacia la formalidad de ese 58% que vive en esa condición, y ese es el enfoque que debería tener una reforma laboral estructural”, señaló Andrés Sinisterra, gerente de Sweetsol Colombia.
Ese, sin duda, es el sentimiento general de los empresarios, que señalan que el enfoque es el equivocado, en cuanto busca proteger a una minoría.
“Yo he dicho que tenemos que concentrarnos en reducir los índices de informalidad y desempleo y eso no se ve por ningún lado, parece que no existiera en la reforma”, concluyó Bruce MacMaster, presidente de la Andi.
El Ministerio de Trabajo buscará consensos para tramitar el proyecto
Aunque la intención del Gobierno Nacional era presentar la reforma este año, tras una reunión con el Consejo Gremial, en agosto, la ministra Ramírez anunció que se aplazaría para 2023, con el fin de radicar un texto concertado con todos los actores del sector. “Esta reforma laboral la vamos a construir con las partes involucradas, o sea empresarios, trabajadores, a través de sus centrales sindicales, y vamos a llamar a la academia, para que nos acompañe”, dijo en su momento la titular de la cartera.
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