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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
Desde el gremio dijeron también que la implementación de este proyecto agravaría la situación debido a la baja competitividad del país
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, llamó la atención sobre el impacto que tendrá el sector automotor, por los compromisos del Gobierno en el marco del pasado paro camionero, que busca reestablecer el antiguo esquema de chatarrización uno a uno. Desde el gremio aseguraron que esta práctica en el pasado fracasó y también se caracterizó por los malos manejos y corrupción, incluyendo falsificación de matrículas y reportes fraudulentos de pérdida de vehículos.
“Este esquema de reposición vehicular es nefasto y costoso para el país; generaría un gran impacto en la libre competencia de vehículos de carga y va en contravía de los esfuerzos por modernizar el parque automotor colombiano y contar con una flota más segura y limpia en términos emisiones ambientales”, afirmó Cabal.
Dijeron también que la implementación de este proyecto agravaría la situación debido a la baja competitividad del país, cuyos costos logísticos son 30% más altos que los de la Ocde.
Desde Fenalco añadieron que además de la obligación de chatarrizar, el proyecto de decreto exige el pago de 5% sobre el valor de los vehículos, lo cual generaría una situación aún más grave para los participantes en el mercado. “Claro golpe para la comercialización de vehículos de carga, segmento que lleva más de dos años en caída”, dijeron.
Según los cálculos del gremio, la demanda de vehículos de Peso Bruto Vehicular entre 7.500 y 10.500kg disponibles para chatarrización aumentaría y no habría unidades para cumplir con el requisito de la reposición, impulsando un incremento en el precio de estos.
“El alza sin duda generaría costos adicionales significativos para las empresas de transporte, especialmente para las pequeñas y medianas que podrían no disponer de recursos para chatarrizar vehículos con precios inflados por la escasez y alta demanda y tampoco para comprar uno nuevo. Esta falta de unidades de vehículos para desintegrar, provocaría una caída de mínimo el 35% en el mercado”, añadió Cabal.
“El Gobierno no puede seguir actuando de manera improvisada, desconociendo la seguridad jurídica que requieren los empresarios, importadores, inversionistas y comerciantes, para que sus operaciones no se vean afectadas por esta clase de medidas cualquier modificación de las normas de esta industria, se debe garantizar una planeación adecuada, ya que esta cadena de suministro realiza pedidos con mínimo seis a 12 meses de anticipación”, concluyó Cabal.
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