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El presidente Petro había echo eco de la presunta pérdida de hasta $13 billones que giró el Estado a las EPS y no aparecían
La Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación por los presuntos hechos irregulares que involucran a varias EPS en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud.
Así se conoció este lunes, luego de una reunión entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, el ente acusador dispuso la apertura de una investigación por los presuntos manejos irregulares de los dineros públicos de la salud en algunas EPS.
La Fiscalía ordenó la conformación de un equipo especial conjunto de fiscales, expertos y peritos de las Delegada para las Finanzas Criminales, Delegada contra la Criminalidad Organizada y Delegada para la Seguridad Territorial, para que adelante esta indagación ante posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación, UPC, por parte de algunas EPS.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación se inicia a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República.
La investigación se anuncia solo seis días después de que la exministra de salud Carolina Corcho realizara una presentación en la que defendía que había dinero público perdido entre las EPS.
“Hay más $13 billones refundidos de dineros públicos de la salud. La nueva EPS tiene más de $6 billones que no aparecen”, expuso la exfuncionaria, cuya presentación fue compartida por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.
"Hemos encontrado en la Nueva EPS una falsa contabilidad, $6 billones entregados por el gobierno para atención en salud de sus afiliados, no fueron usados en esos propósitos", escribió el mandatario.
Después de eso, se hizo pública la intervención a Nueva EPS, que tiene casi 11 millones de afiliados que ahora están bajo la responsabilidad del Estado.
Actualmente, las tomas forzosas por parte de la Superintendencia de Salud se han basado en los riesgos financieros que, desde la óptica del ente supervisor, pondrían en riesgo la futura prestación del servicio para los usuarios.
La controversia sigue y, según la Contraloría de la República había emitido un documento en el que aseguraba que, con corte a octubre de 2023, los pasivos de 16 EPS que no cumplían con indicadores de solvencia y liquidez totalizaban $3,3 billones.
La apertura de investigación por parte de la Fiscalía se conoce después de que se hundiera en el Congreso la reforma a la salud que propuso el Gobierno y que, desde la perspectiva de académicos y centros de estudio, siempre generó inquietudes por su sostenibilidad fiscal en el tiempo.
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