Inassa colaborará en las investigaciones de la Fiscalía General contra sus directivos

Luego de la captura en el norte de la capital del Atlántico contra Ramón Navarro, exgerente de la empresa de servicios públicos Triple A S.A., a quien se le acusa de apropiarse de más de $27.879 millones, la compañía Inassa se pronunció sobre la apertura de investigaciones a directivos y exdirectivos que la Fiscalía tomará en este caso en ambas empresas.

Por medio de un comunicado de prensa la empresa destacó que "respetan y acatan las disposiciones de las autoridades colombianas".

Así mismo, ratificaron su colaboración con las entidades y organismos de control durante todo el proceso.

Inassa recordó que el pago de la asistencia técnica en cuestión fue acordado entre el Distrito de Barranquilla y los accionistas de Agua de Barcelona en 1996 con la intención de traer a un operador calificado en el área. De igual manera, afirmó que durante los 22 años de la asistencia el servicio de acueducto y alcantarillado pasó a una cobertura total del 100% después de haber estado en 78%. Por último, destacaron que el desperdicio de agua se redujo en 10%.

La Fiscalía General de la Nación acusa a Navarro de delitos como enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado.

De acuerdo con el material probatorio recopilado, entre 2012 y 2015, Navarro
se habría apropiado de tal cantidad mediante mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de
acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA).

Según la Fiscalía, los gastos se acreditaron como operaciones normales de Triple A S.A, fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los años respectivos y, finalmente, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y realizar los cobros correspondientes por regalías.

En cumplimiento de los parámetros establecidos en el antiguo Sistema Penal colombiano, la Fiscalía abrió investigación formal y citó a indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la operación Acordeón, entre los que se incluyen además de Navarro, otros exgerentes y presidentes tanto de Triple A como de Inassa.

Los fiscales anticorrupción calculan que en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado más de $237.836 millones. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II - y Slasa.