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Desde la vicepresidencia de salud de la Andi aseguran que el aumento no se ajusta a las realidades del sector y dicen que puede agudizar la insostenibilidad financiera
El 30 de diciembre el Ministerio de Salud estableció que el incremento de la UPC sería de 12,01%, cifra que no fue bien acogida por las entidades prestadoras de servicio de salud quienes esperaban que este aumento fuese de entre 16% y 18%. El presidente Gustavo Petro defendió este aumento, aunque consideró que era “exagerado”.
El gremio le pidió al Gobierno que hicieran una revisión de la UPC bajo el entendido de que es necesario que el incremento responda a la necesidad actual del sector y solicita que se haga un análisis aterrizado de las inclusiones. “De una asignación suficiente de recursos depende el debido funcionamiento del sistema de salud y la garantía de protección del derecho fundamental a la salud y la vida para la población colombiana, los pacientes y sus familias”, se puede leer en un comunicado emitido por la vicepresidencia de salud de la Andi.
Ya desde Acemi habían advertido sobre esta situación. "El 12.01% aprobado como incremento para UPC del 2024 no representa un crecimiento real, no corrige la desviación acumulada del sistema de los últimos años y, por el contrario, aumenta el desequilibrio financiero", dijo la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
El gremio mostró su preocupación argumentando que desde mediados del año pasado los diferentes actores que componen el sector de la salud han “alertado a través de varios estudios sobre la agudización de la UPC para el cubrimiento de las prestaciones y tecnologías en salud”.
Esto se explica, de acuerdo con el sector, por un incremento en el costo de las coberturas incluidas, aumento en las frecuencias de uso y la dinámica pospandemia por las prestaciones que se quedaron represadas.
Otro de los factores es la migración masiva de usuarios por las condiciones macroeconómicas del país.
De acuerdo con las EPS, el incremento de la IPC ajustado por la inflación, en vez de corregir la insuficiencia anteriormente manifestada lo que se hace es agravar la situación dado que se hicieron inclusiones al PBS y por la destinación de 5% de la UPC al financiamiento de equipos de salud en los territorios. Esto último, según los gremios, ya hace mucho más insostenible la realidad financiera de las EPS.
“Bajo este escenario, se arriesga la capacidad operativa y la viabilidad financiera de los agentes del sector, y con ello la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la población colombiana. Estas medidas regresivas amenazan además la protección financiera de los pacientes presionando un aumento del gasto de bolsillo en el corto plazo”, expresan los gremios.
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