Hasta 20% de sus ingresos podría ascender la multa de SIC contra Avianca y Viva Air

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La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, reconfirmó hoy la apertura de la investigación contra Avianca y Viva Air por su solicitud de integración empresarial, que trascendió desde la semana pasada.

La autoridad de la libre competencia advierte que las compañías podrían ser multadas hasta por 100.000 salarios mínimos (equivalentes a $100.000 millones), "o hasta por el 20% de su patrimonio, o hasta con el 20% de sus ingresos operacionales".

Mediante un comunicado, la Superindustria precisó que formuló pliego de cargos contra las empresas Aerovías del Continente Americano (Avianca), Fast Colombia y Viva Airlines Perú (Viva). Esto por, presuntamente, violar el régimen de la libre competencia al haber materializado una integración empresarial sin autorización previa de la Aeronáutica Civil.

Se trata, según la autoridad, de "prácticas restrictivas de la libre competencia".

"Se habría constituido un incumplimiento del deber legal de informar una integración previsto en los artículos 8, 9 y 25 de la Ley 1340 de 2009, así como el artículo 1866 del Código de Comercio", conceptuó la SIC.

Avianca ocupó en 2021 la casilla 37 entre las empresas con mayores ingresos operativos, según el informe de la Superintendencia de Sociedades, con $4,3 billones y un incremento de 34,7% frente al año anterior. Con esto, una multa por el 20% de sus ingresos estaría rondando los $877.000 millones.

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Si bien las empresas solicitaron formalmente en agosto la integración empresarial ante la Aerocivil, desde abril habían anunciado un acuerdo accionario entre sus socios mayoritarios, lo que da pie a la investigación. Según competidores como Ultra Air, desde entonces las aerolíneas vienen operando de manera articulada y representan la amenaza de un monopolio por concentrar hasta 60% del mercado aéreo.

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El presidente y CEO de Avianca, Adrian Neuhauser, ha insistido que la solicitud de integración empresarial se da con el propósito de rescatar a Viva Air, y que no aceptarla "sería un error".

La Aerocivil objetó en primera medida la solicitud de integración. Entre sus argumentos, señaló que no hubo pruebas y soportes financieros sobre la "excepción de empresa en crisis", figura bajo la cual las empresas hicieron el trámite. Sin embargo, tanto Viva como Avianca apelaron y anunciaron que insistirán en la búsqueda de integrarse, para lo cual expusieron públicamente compromisos de mantener tarifas y proteger la marca Viva para preservar el modelo de low cost.

Lo que dice la SIC

Para la Superindustria, "la adquisición de los derechos económicos de Viva Air y Viva Perú por parte de Investment Vehicle 1 Limited, controlante de Avianca, habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o como mínimo, el inicio de la ejecución de la integración empresarial entre las aerolíneas mencionadas".

Sobre esto, recalca que dicha operación "no fue informada, ni autorizada de manera previa a su realización por parte de la autoridad competente".

Es por esto que considera que Avianca y Viva presuntamente habrían incurrido en prácticas restrictivas de la libre competencia y podrían ser sancionadas, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2195 de 2022.

Las aerolíneas habían anunciado en abril un acuerdo para ser parte de un mismo grupo empresarial y "unificar derechos económicos". En ese momento reportaron que Declan Ryan, socio fundador de Viva, vendió 100% de las acciones a Roberto Kriete, accionista de Avianca y presidente de su Junta Directiva. Aseguraron además que por tratarse de un acuerdo entre privados, no requería ningún tipo de autorización.

Como parte del caso, la SIC formuló pliego de cargos contra Richard Galindo Sánchez, por "presuntamente haber facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado la conducta imputada a los agentes de mercado".

La autoridad explicó que la investigación se inició "de oficio", al conocer de la unión de las aerolíneas mediante publicaciones de prensa y la página web de Avianca. Luego recibió dos quejas que entraron a formar parte del expediente.

"Conforme con el material probatorio recaudado en la etapa preliminar, se pudo llegar preliminarmente a la conclusión de que la presunta integración empresarial habría consistido en la adquisición del control material sobre las compañías Viva Air y Viva Perú por parte del grupo empresarial al que pertenece Avianca. Así las cosas, el 29 de abril de 2022 se habría presuntamente configurado una integración empresarial antes de obtener la autorización de la autoridad competente", indica la autoridad en su comunicación oficial.

La respuesta de Avianca

La aerolínea Avianca emitió un comunicado luego de que la SIC anunciara públicamente la apertura de la investigación en su contra, en el que sostiene que "Avianca y Viva mantienen sus operaciones con total independencia, compiten igual que siempre y siguen a la espera de la decisión de la Aerovicil".

Señala que los argumentos de la SIC "son errados e imprecisos tanto de fondo como de forma", y los tacha de ser "promovidos por otras líneas aéreas competidoras". Valga recordar que Ultra Air ha sido la empresa más vocal en su oposición a la integración empresarial de Avianca y Viva; y que Avianca denunció ante la Fiscalía a su CEO, William Shaw, a quien señala de fraude procesal y entregar información falsa.

La empresa insiste en que cumple y ha cumplido con todas las normas aplicables en materia de control de integraciones, y que "la transacción sobre los derechos económicos no constituyó una integración". Sobre ello, recalca que las compañías "siguen siendo aerolíneas plenamente independientes, que compiten vigorosamente en el mercado".

Además, en su defensa argumenta que "Avianca ha tomado en cuenta las preocupaciones expresadas por la Aerocivil presentando una amplia, detallada y, sobre todo, novedosa oferta de condicionamientos (...) El proceder de Avianca y de sus funcionarios está plenamente respaldado por la normatividad aplicable, los precedentes sobre la materia y las normas expedidas por la misma SIC para avalar la separación de negocios".