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Ana María Vesga, presidenta de Acemi
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Ana María Vesga, presidente de Acemi, habló sobre el informe presentado por la Contraloría y los pagos con vigencias anteriores
En agosto, la Contraloría publicó un informe sobre hallazgos fiscales por $6 billones en relación con pagos de vigencias anteriores.
En entrevista con LR, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, comentó sobre los resultados de dicho informe, los giros directos y la situación de desfinanciamiento del sistema.
“En 2023, el Gobierno ajustó la UPCen 12%. Sin embargo, los recursos ejecutados para 2024 no cuentan con el incremento, estuvo cercano a 10%, existe una ventanaen la apropiación presupuestal”.
¿Cuál es su respuesta frente al informe de la Contraloría?
El informe está sustentado en una posición adoptada por el ente de control que indica que los recursos de la UPC se les aplica el principio de la anualidad de los recursos fiscales. Esa es la razón de los hallazgos fiscales por cerca de $6 billones que dice que las EPS destinaron la UPC de 2020 para pagar deudas anteriores.
Por su naturaleza jurídica, este es un recurso parafiscal, no se le aplican las normas del presupuesto y la dinámica en términos de anualidad, taxatividad y funcionamiento. Es imposible pensar que el sistema inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre, como si fuera una contabilidad de caja.
¿Cuál es el balance general de las EPS intervenidas?
Tan malo como el de las no intervenidas. Con números del 30 de junio de 2024 reportados por las entidades a la Supersalud, todas las EPS del país tienen un acumulado de $6,1 billones negativo en patrimonio.
¿Qué pasará con aquellas que pidieron retiro voluntario?
El proceso en la Supersalud sigue su curso. Tiene unos términos de ley que deben cumplirse el próximo mes. No tenemos mayor información sobre la situación.
¿Cómo ha cambiado la dinámica de los giros directos?
El giro directo no es otra cosa que una forma de pago distinta, en donde ya no son las EPS las que hacen el pago, sino que le trasladan a la Adres la relación de los pagos y se hacen directamente desde la entidad. Es una buena medida en tanto que quita parcialmente el fantasma de la intermediación pero no responde ni soluciona los problemas de insuficiencia.
¿Cuál sería una solución frente al desfinanciamiento?
Debería haber una conversación de política pública sobre cuáles son los límites reales del sistema antes de pensar en adicionarle más recursos a la UPC; tenemos un plan de beneficios de país rico y una UPC de país de renta media.
¿Qué opina frente al proyecto de reforma a presentar?
Se deberían aclarar los roles y responsabilidades en el sistema. Las megafunciones en la Adres son inconvenientes. La entidad tiene una misión (pagador del sistema), pero no se le pueden otorgar otras funciones como el diseño de políticas públicas, regulador o auditor, son roles ajenos a su naturaleza.
¿Qué le agregaría?
Un capítulo más extenso sobre tecnologías en salud. El sistema tiene un reto grande de financiamiento, de tecnologías y de innovación. Se debe pensar en la sostenibilidad del sistema.
¿Fueron consultados para la presentación del documento?
En abril tuvimos varios espacios de trabajo con el Ministerio de Salud. Esa fue la última conversación que tuvimos, no conocemos los detalles del nuevo documento.
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