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El CEO de la aerolínea de bajo costo afrontará un proceso en la Supersociedades por no informar que también tenía esta empresa
William Shaw, CEO de Ultra Air, es acusado por tener una empresa de inversión que es accionista minoritaria en la aerolínea de bajo costo. La Superintendencia de Sociedades le formuló pliego de cargos por no haber revelado en el registro mercantil que controlaba Inversiones Emma Shaw.
De acuerdo con la Superintendencia, Shaw pudo incurrir en una presunta infracción al régimen de matrices y subordinadas al no informar este hecho. “La revelación de las situaciones de control y/o de grupo empresarial es de interés público, por cuanto existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las empresas, cuando no se conoce la identidad de los verdaderos controlantes y de todas las entidades vinculadas”, explicó Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades.
Se pudo establecer que la empresa de la que William Shaw es representante legal, tal como indica el registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Medellín, figura como un vehículo de inversión y es socia en la aerolínea que cesó su operación el pasado 29 de marzo por problemas financieros que la condujeron a la quiebra.
Inversiones Emma Shaw fue fundada el 29 de junio de 2017 y está domiciliada en la capital antioqueña. Es una sociedad por acciones simplificadas y se dedica principalmente a actividades de consultoría de gestión.
En su registro mercantil aparece CMC Abogados como suplentes en la representación legal en cabeza de Camilo Trujillo Millán, quien ha dado a conocer a la opinión pública en reiteradas ocasiones que ya no ocupa ese cargo, pese a que aún la Cámara de Comercio de Medellín no ha eliminado este dato.
Por el momento, aún no se conocen quiénes son los otros socios de la quebrada aerolínea más allá de Carlos Ríos y la familia Sáenz de Autogermana, la familia Lince y otros inversionistas extranjeros, quienes habían prometido una capitalización luego de que el Gobierno Nacional alertara de la situación crítica que afrontaba la sociedad en materia financiera.
“No he sido inversionista, ni socio de esta empresa. Tampoco he tenido honorarios como miembro de Junta Directiva. Acepté la invitación con el único deseo de contribuir”.
“La revelación de las situaciones de control y de grupo empresarial es de interés público, por cuanto existe un riesgo para las personas que interactúan con las empresas”.
En medio de la crisis, la empresa intentó en varios momentos controvertir la versión gubernamental que advertía la falta de solidez de la compañía. Primero comenzaron las cancelaciones de vuelos y retrasos; luego las explicaciones técnicas para justificar que tres de sus cinco aviones permanecieran en tierra; llegaron a suspender la venta de tiquetes y, finalmente, luego de que JetSmart desistiera de su intención de compra, se desató la tormenta por la cual tendrá que responder ante la Fiscalía General de la Nación.
De este modo el proceso ante la Supersociedades se suma a la investigación penal que adelanta el ente acusador en contra de William Shaw, en calidad de representante legal de la ‘low cost’. La demanda, que fue presentada el pasado 20 de abril por el Ministerio de Transporte, acusa también a Óscar Herrera Restrepo y Abel López Campo, quienes también figuran como representantes legales. Además, se indician a David Bojanini, Ilva Restrepo, Juan Londoño Martínez, Juan Carlos Altmann y Claudia Munera Pineda, principales miembros de la Junta Directiva de la misma compañía.
En este proceso, el delito por el que se les investiga es estafa masiva tras una recaudación de $48.000 millones. Esto porque, según alega Mintransporte, la compañía sabía que a las 4:00 p.m. del pasado martes 29 de marzo de 2023 se declararía en quiebra y a las 8:00 a.m. de ese mismo día seguía vendiendo tiquetes. Además, la empresa, en menos de un año y con solo cinco aviones, vendió más de 300.000 pasajes a US$80, en promedio, sin la infraestructura necesaria para prestar el servicio.
Sumado a la cadena de razones para enjuiciar al CEO de la ‘low cost’, 13 días antes de que la empresa se declarara en quiebra, ofertaron una promoción para los afiliados de Grupo Sura, holding del que Bojanini fue presidente por 40 años hasta 2020.
La promoción señalaba que al ingresar el código promocional Sura35, el usuario recibiría 35% de descuento sobre la tarifa aérea y podía viajar con un artículo personal. La compra la tenían que hacer entre el 14 y 16 de marzo de este año, pocos días antes de la suspensión de la operación.
Las fechas variaban de acuerdo a la ruta. San Andrés-Bogotá, Santa Marta-Bogotá o Medellín -Bogotá tenían como plazo máximo de operación octubre de 2023, pero la mayoría de las rutas tenían plazo hasta febrero de 2024.
En su momento, Bojanini salió en su defensa alegando que no había sido inversionista ni socio de la empresa, y que sólo aceptó el cargo sin honorarios “para contribuir a la creación de una nueva empresa enfocada en el modelo de bajo costo en la industria de las aerolíneas”.
Entre tanto, Shaw, que también fundo Viva, ha permanecido en silencio y a la espera de los procesos en los que se tendrá que defender.
Con el sector aeronáutico pendiente del futuro de las aerolíneas de bajo costo, el mercado se mantiene en crisis por los miles de pasajeros que quedaron desatendidos con la suspensión de las operaciones de Viva y Ultra. Se estima que, si estas compañías no vuelven a operar faltarían 234.741 sillas para suplir la demanda de pasajeros en Medellín, Santa Marta, Cali y San Andrés. Según un análisis realizado por la SIC, el cese de operaciones de las empresas redujo 24,44% la oferta de silla y 18,79% las frecuencias disponibles.
La entidad también resaltó que no es de su competencia diseñar o implementar planes de migración de este tipo de compañías
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