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Gabriel Melguizo Posada, presidente (e) de ISA
La compañía respondió hoy los hallazgos y aseguró que ISA y sus filiales cumplen con los estándares internacionales de contratación
La Red de Veedurías de Colombia aseguró ayer sobre unas supuestas irregularidades en contratación dentro de la empresa de energía ISA, la cual no tiene un presidente desde hace siete meses. La entidad afirma que hay cifras que despiertan las alarmas, como una contratación en Panamá que supera US$260 millones.
La compañía respondió hoy los hallazgos y aseguró que ISA y sus filiales cumplen con los estándares internacionales relacionados con contratación, la cual se enmarca en la legislación de cada país donde opera la empresa.
"Los contratos son auditados periódicamente por los órganos competentes y, en el caso de Colombia, por la Contraloría General de la República. En la auditoría financiera realizada este año para la vigencia 2023, el organismo calificó como “favorable” -máxima calificación emitida- la ejecución de recursos públicos realizada por ISA", explicaron.
Asimismo, la organización dice que sus operaciones están dentro de los requerimientos en la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), cuya aplicación regula los controles internos financieros y contables dentro de las empresas, y hace especial énfasis en evitar el fraude corporativo.
Sobre la elección de un presidente, ISA dijo que la Junta Directiva de la empresa es la encargada de liderar el proceso de selección del presidente, acción que está acompañada por la firma cazatalentos Korn Ferry.
"Mientras concluye el proceso de nombramiento, Gabriel Melguizo Posada, quien lleva más de 27 años en la compañía y ha ocupado importantes cargos de dirección en varios de los países donde ISA tiene presencia, está al frente de ISA como presidente encargado", dijo ISA.
A finales de 2023, el Tribunal Arbitral había fallado en favor de la sociedad y eso implicaba el desembolso de $781.828 millones por parte de EPM
En un principio se había dicho que el Grupo Gilinski quedaría con un 12% de Nutresa, además de unos US$4.000 millones
Se indicó que el riesgo en el negocio de las telecomunicaciones es mayor que en el de otros servicios públicos de la compañía
