Juez tumba acuerdo entre el contratista Tapia y la Fiscalía

El juez 42 de Conocimiento de Bogotá tumbó el preacuerdo al que habían llegado la Fiscalía y el excontratista Emilio Tapia, procesado por el ‘carrusel’ de contratos en la capital.

Según el Juzgado, el acuerdo suscrito con el procesado presenta diferentes vacíos e interrogantes que no se responden en el documento presentado por las dos partes para su aval, entre los que se encuentran que no se pactó la devolución de al menos el 50% del dinero que Tapia se habría apropiado a través de comisiones de un 8% que recibió en los contratos. “No se podrá realizar un preacuerdo hasta que se incorpore el 50% de lo apropiado, requisito que brilla por su ausencia como lo indicó el Ministerio Público”, aseguró el juzgador.

El juez indicó además que Tapia fue remunerado por su actuar delictivo y que las conductas de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos imputadas al excontratista se realizaron con el fin de conseguir un incremento patrimonial, por lo que una simple reparación simbólica no es suficiente para proceder a dar vía libre al preacuerdo.

Según el funcionario judicial, es necesario que también se aclare cómo se entregó el dinero apropiado, a quién se le otorgó y cuánto fue el monto. “Son interrogantes que no se responden”, manifestó. Para efectos del trámite, Tapia se retractó durante la diligencia del allanamiento a cargos que hizo el día en que la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir, hecho que fue criticado por el juzgador al considerar que el excontratista solo podía retractarse ante una violación de los derechos fundamentales, situación que según el juez no se presentó.

Para el juez, el investigado aceptó el cargo de forma libre y espontánea y no obligado. Por ello, no se puede aceptar la retractación.

Lo pactado en el preacuerdo
El contratista Emilio Tapia preacordó con la Fiscalía que pagará 13 años de detención domiciliaria y a cambio aportaría información de los hechos relacionados con el ‘carrusel’ de la contratación, además de declarar contra otros investigados por los mismos hechos. El procesado también tendría derecho a laborar desde su casa.

Así mismo, se pactó la aceptación por parte del investigado de los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. De igual manera, el monto de los dineros que devolvería Tapia se definiría luego de realizarse una audiencia de incidente de reparación, en la que un juez determine cuánto debía reintegrar.

El Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena, señaló que la pena acordada con Tapia es elevada y ajustada a lo normado por ley, por lo que no está mal dosificada como dijo la Procuraduría. Así mismo, indicó la Fiscalía que no pretende que el contratista sea visto como un santo, sino valorar su aporte a la investigación por el millonario detrimento.