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La audiencia de salvamento en la supersociedades fracasó, luego de que el único inversionista vigente desistiera de la oferta.
En la audiencia pública de salvamento de Justo y Bueno, realizada ayer ante la Superintendencia de Sociedades, el juez en concurso, Santiago Londoño, ordenó levantar la suspensión de la liquidación que se había decretado en favor de la cadena, a espera de opciones de rescate. Las propuestas nunca llegaron.
“Aducir que por un asunto tributario desisten de la oferta de salvamento, luego de tanto tiempo, le hace daño a la liquidación. El marco jurídico es lo primero que se revisa”.
Por lo tanto se retoma la liquidación y, en efecto, se solicitó la entrega inmediata de los locales a los propietarios, en un plazo no mayor a 20 días. Se estima que son más de 1.000 establecimientos comerciales los que deberá devolver la cadena y que, por causa y efecto, estarían esperando tomar competidores que quedan en el mercado del discounter, como Ara y D1, según informaron fuentes oficiales a La República.
Continuando con el resultado de la audiencia, la reanudación del proceso de liquidación de Justo y Bueno se dio como consecuencia de que el despacho no recibió ninguna oferta de salvamento de los oferentes que habían manifestado intención de hacerlo.
El último había sido el señor Alfonso Giraldo, que, en calidad de representación de dos empresas acreedoras de Justo y Bueno, había anunciado una posibilidad de inversión a través de la firma Deloitte e inversionistas privados no revelados. Al final se incumplió la promesa y anunció que desistía, en la audiencia celebrada. Según Giraldo, la opción de salvamento que proponían la dejaron de contemplar desde el viernes pasado, por dos motivos principales. Uno lo aduce a prorrogas en la Ley de Presupuesto que, según este, los afecta en calidad de inversionistas; y, también aduce que no lograron llegar a un acuerdo con los arrendatarios de los locales que operaba Justo y Bueno.
“La prórroga del decreto 560 incluida en la Ley General de Presupuesto para 2022, les quita la posibilidad a los inversionistas de tener alivios tributarios. En caso de que decidiéramos salvar la cadena, el valor de las deudas adquiridas automáticamente quedaría sujeto a un impuesto, y quedábamos sujetos a una multa por el valor equivalente a 50% del salvamento si desistíamos”, argumentó Giraldo en la audiencia pública. Además, añadió a LR que solo 200 de los más de 1.000 arrendatarios se acogieron a un acuerdo, razón que se sumó a la inviabilidad la propuesta de inversión, según dijo.
Para salvar la cadena, el liquidar solicitaba la suma mínima de $303.149 millones. Por lo que con esta nueva oferta desierta, serían cuatro los intentos fallidos de inversionistas por salvar a Justo y Bueno, todos por incumplimiento de la promesa de salvamento.
Según Diego Márquez, especialista en derecho societario, la razón de desistimiento debió ser evaluada desde el comienzo por el inversionista para no hacer daño a la liquidación, pues los riesgos tributarios son lo primero que se revisa. Además, explicó que lo que viene es la liquidación, para pagar deudas.
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