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Además de la denuncia penal en contra del funcionario, se adelantarán otras acciones legales para recuperación la administración de la EPS
Juan David Riveros, el abogado de Keralty, holding empresarial propietario de EPS Sanitas, interpuso una denuncia penal por considerar ilegal la medida de intervención contra la EPS.
"Consideramos que el Superintendente estaba impedido para conocer cualquier asunto relacionado con la EPS Sanitas, en la medida que, antes de estar en el cargo, hizo comentarios y tomó posiciones que demuestran la animadversión que tiene contra le EPS", dijo Riveros.
Según el representante del holding, la medida además de ilegal, la consideran arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. Esta acción la evaluaron desde que la Superintendencia de Salud intervino forzosamente a Sanitas.
Según Riveros, además de la denuncia penal en contra del superintendente Luis Carlos Leal, se adelantarán otras acciones legales que buscan la recuperación de la administración de la EPS, y para evitar afectaciones a sus usuarios.
"Cuando se presenta un acto arbitrario hay muchas acciones que se pueden intentar para hacer que se paren los efectos negativos que está produciendo. Además de la denuncia penal, interpondremos acciones de carácter contencioso administrativo, también tomaremos acciones de tipo constitucional, y algunas civiles por los perjuicios que se pueden generar por una situación como esta", explicó el abogado.
La queja también se elevará ante el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, y se la presentarán a la ONU, con el fin de hacer eco a nivel internacional.
Riveros reveló que los inversionistas extranjeros de Keralty enviaron una carta al Ministerio de Comercio Exterior, con la finalidad de notificar formalmente un "anuncio de disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de la inversión", por lo que el holding también está presionando en el escenario internacional, para recuperar a Sanitas.
"Le hemos pedido a la Fiscalía que, una vez acredite lo que nosotros creemos, que es un acto manifiestamente ilegal, convoque una audiencia ante los jueces penales para que uno de ellos tenga la posibilidad de suspender el efecto de la ilegalidad del acto", explicó el abogado.
Sobre este asunto, el superintendente de Salud afirmó desconocer las cifras que Keralty calificó como falsas: "Todas las cifras son comprobadas por los documentos que ellos mismos entregan a la Superintendencia como entes vigilados y por las auditorías que realiza la Superintendencia".
El funcionario defendió que "ninguna de las cifras que se han dado dentro de los autos que autorizan o dan paso a este acto administrativo son falsas",
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