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EPS vinculadas a los hallazgos.
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Hubo pagos de vigencias anteriores con la UPC de 2020; en algunos casos se pagaron honorarios a miembros de Junta con recursos públicos
La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, entregó un balance de los hallazgos fiscales encontrados en las EPS, así como de los detalles de las actuaciones adelantadas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
“La Nueva EPS destinó $40.000 millones de créditos bancarios para honorarios de miembros de Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, entre otros”.
En el caso del sector salud, el órgano de control identificó tres hallazgos fiscales por $6 billones en 24 EPS, por indebida destinación de los recursos de la UPC durante 2020.
Pagos con vigencias anteriores
El primer hallazgo fiscal tiene que ver con pagos de servicios de salud de vigencias anteriores, por $5,4 billones, con recursos de la UPC de 2020.
Por ejemplo, EPS S.O.S. pagó con recursos excedentes de la UPC de 2020, entre otras fuentes, deudas por $86.000 millones, del período que abarca las vigencias de 2003 a 2015; cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado anteriormente.
Un caso de características similares ocurrió con la Nueva EPS, la entidad de mayor cantidad de afiliados del sector, la cual pagó servicios de salud de vigencias anteriores con la UPC de 2020, correspondientes a los periodos entre 2008 a 2015, por un valor de $62.000 millones.
Convida EPS también hizo parte de los hallazgos encontrados; esta entidad pagó la suma de más de $4.000 millones, entre 2008 y 2015. La EPS Ecoopsos pagó $1.621 millones, de vigencias anteriores.
Los presupuestos máximos
El segundo de los hallazgos fiscales se dio por dineros que no tienen evidencia de su uso, pues ese mismo año hubo un excedente de $643.000 millones por concepto de presupuestos máximos, pero, según la CGR, no se conoce el destino que las EPS les dieron a estos recursos. Con esta figura se financian enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud.
Capital Salud fue uno de este tipo de casos, ya que tuvo excedentes que ascienden a $18.000 millones. Convida tuvo un total de $7.000 millones.
Pagos sin causalidad en salud
El tercer hallazgo fiscal tiene que ver con pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud. “La Nueva EPS destinó $40.000 millones de pesos de créditos bancarios para honorarios de miembros de Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina, planes complementarios de salud, entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC”, dijo el contralor.
Agregó: “las deudas de las EPS con las IPS no pertenecen ni al Estado ni al sistema, por lo que no debe sufragarse con recursos públicos de la salud. No es admisible que los recursos de una vigencia se utilicen para pagar deudas privadas de vigencias expiradas, máxime cuando el riesgo financiero está a cargo de las EPS”.
Aunque algunas voces del sector alegaron que estas acciones tenían que ver con la insuficiencia del ajuste anual de la UPC, Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el sector salud, explicó que “en 2020 las EPS podían usar las reservas técnicas para asumir los compromisos de vigencias anteriores, con un decreto de esa época para garantizar las demandas judiciales”. Sin embargo, dicha medida no les permitía usar los excedentes correspondientes a la UPC, sino que tenían que devolverlos.
El balance del informe
La actuación de la Contraloría dejó 61 hallazgos con incidencia administrativa; 37 hallazgos con incidencia fiscal, por cuantía de $6 billones, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal; 37 hallazgos con presunta incidencia penal, 37 con presunta incidencia disciplinaria, 24 hallazgos para la apertura de indagaciones preliminares, por cuantía de $5,3 billones; así como 37 hallazgos con otras Incidencias para traslado a la Superintendencia Nacional de Salud, al Archivo General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación, y demás autoridades competentes a que haya lugar.
La entidad informó que se han dado los traslados respectivos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. El órgano de control informó que usaron la información de los estados financieros, dictaminados por el revisor fiscal.
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