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Estado de los indicadores de las EPS
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El Gobierno deberá garantizar la cobertura a más de 25 millones de personas con los mismo recursos de las EPS intervenidas
El sistema de salud en Colombia atiende a más de 51 millones de personas y las EPS se encargan de gestionar los servicios para ese universo de usuarios.
El Gobierno ha intervenido a siete de esas aseguradoras en salud al argumentar que la mala salud financiera representa un riesgo para la atención. De las 28 entidades que operan actualmente, solo siete cumplen con los tres indicadores neurálgicos: capital Mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Básicamente, desde la óptica de los expertos, eso obedece a que se enfrentan a una menor demanda por servicios.
Esas siete EPS con indicadores verdes son Aliansalud, Comfachocó, Comfaoriente, Mutualser, Salud Bolívar, Salud Mía y Salud Total. Entre todas ellas, suman 8,1 millones de afiliados, que representan el 16% de los usuarios totales en el sistema. Además, Cinco de ellas tienen menos de 300.000 personas a cargo.
Augusto Galán, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud y exministro de Salud, hizo notar que ese balance en las finanzas "tiene que ver con la demanda de servicios que tengan las EPS por parte de su población y la frecuencia de uso que esa población exija. Esto afecta el equilibrio entre ingresos y egresos de tal manera que si la siniestralidad derivada de esa demanda es excesiva, se puede lesionar el patrimonio y las reservas técnicas de las EPS".
"Factores como el perfil demográfico y el perfil epidemiológico de cada EPS , así como su tamaño poblacional de afiliados, influyen de manera determinante en la demanda por servicios de salud y en su frecuencia de uso", agregó el experto.
La discusión entorno al sistema siempre lleva al mismo punto: la operación de las aseguradoras en salud es deficitaria y por eso sus estados contables no reflejan una situación económica saludable.
Pese a que el presidente Gustavo Petro asegura que los recursos desembolsados por el Estado alcanzan para cubrir las necesidades de los afiliados, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), ha defendido que los ingresos no se correlacionan con los gastos.
El director del Así Vamos en Salud apuntó que muchas EPS no cumplen con el indicador de patrimonio porque deben echar mano de esos recursos, dado que con los ingresos corrientes no les alcanza para cumplirles a los usuarios.
El reto para Nueva EPS y Sanitas (actualmente intervenidas) era mucho más considerable, dado que tienen 11 millones y 5,8 millones de usuarios, respectivamente. Además, en el caso de la primera, más del 56% de los afiliados pertenecen al régimen subsidiado.
En este contexto, el Ministerio de Salud expidió el decreto que le pone piso normativo al giro directo para la Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), a las que, según el texto de la hundida reforma a la salud, les adeudaban más de $16 billones con corte al 2022.
El Gobierno tiene a su cargo a la mitad de los afiliados en el sistema de salud; por lo que deberá responderles a más de 25 millones de usuarios por la atención de sus necesidades. Y con base en el presupuesto que manejarán los agentes interventores, tendrá que asegurar la cobertura.
Partiendo de ese panorama, especialistas como Augusto Galán coinciden en que ya está diagnosticado que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos son insuficientes: "El Gobierno lo entenderá ahora de primera mano y bajo su directa responsabilidad por la salud de 25 millones de colombianos".
En adelante, la expectativa estará concentrada en la evolución de los indicadores que conllevaron a la intervención de las EPS y si bajo la administración del Gobierno mejorarán la solvencia, las reservas técnicas y el patrimonio.
Tras la intervención a siete EPS, incluidas Nueva EPS y Sanitas, el Gobierno quedó a cargo de más de 25 millones de usuarios y sus agentes interventores deberán administrar los recursos que entran a la caja para atender las necesidades de los afiliados. Todo esto ocurre luego de hundirse la reforma a la salud que el presidente Gustavo Petro buscó sacar adelante en el Congreso, con la que quería terminar la intermediación financiera entre aseguradoras y hospitales.
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