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El representante legal del consorcio constructor de Hidroituango explicó que el tribunal que llevará la disputa se instauró y definirá las responsabilidades
EPM y la aseguradora Mapfre llegaron a un acuerdo para que esta última pague 88,3% del valor del detrimento patrimonial del proyecto, que equivale a $3,82 billones. Esto permitirá resarcir el daño y garantizar que el consorcio constructor actual, CCC Ituango, pueda continuar por un año más como contratista. Así lo explicó el representante legal del consorcio, Santiago García, quien advirtió que las empresas no son responsables por el siniestro.
Así mismo, EPM logró un acuerdo para desarrollar el proyecto el próximo año.
¿Qué significa este acuerdo logrado con EPM y cómo se logra?
Es un acuerdo que fue bastante complejo puesto que estábamos con unos nubarrones alrededor de nuestra capacidad jurídica para ejecutar el contrato. Esto tiene que ver con el fallo en segunda instancia de la Contraloría que traía como consecuencia una inhabilidad. Ese fallo trajo como consecuencia la precipitación del acuerdo entre la aseguradora y su asegurado principal, EPM. Una vez se pague lo que allí se acordó, se da por terminado el proceso y se da por resarcido el daño fiscal, con lo que desaparecen las inhabilidades sobrevinientes que eran consecuencia del fallo y el proceso fiscal se extingue. Esto, hace que nosotros estemos habilitados para ejecutar las obras restantes y que ahora tengamos este acuerdo.
¿Van a adelantar acciones en respuesta al fallo, pese a que se haga el pago por parte de la aseguradora?
Esto forma parte de una estrategia jurídica que está siendo analizada por el consorcio. Definitivamente, acudiremos a todos los medios legales que permitan establecer que no tuvimos responsabilidad por lo que ocurrió. Es posible que lo hagamos, si ese es el camino legal.
Una auditoría de Deloitte afirmó que la situación financiera de las compañías pone en riesgo la entrada en operación del proyecto ¿Es cierto?
Difiero totalmente de esa afirmación. Estos instrumentos (reorganización empresarial) en materia legal garantizan la capacidad de operación de las empresas en el tiempo y no es una amenaza para el proyecto.
“EPM nunca ha tenido la intención de minar la continuidad de Ituango. Eran situaciones que no controlábamos, pero siempre mantuvimos el compromiso con la continuidad del proyecto”.
¿Qué opina frente a la posición del Alcalde respecto a la disminución en la calidad de los materiales?
Hemos invitado al Alcalde de Medellín a que allegue las pruebas que tiene. Nos han indicado que él saca esas conclusiones de un informe de los reaseguradores. Pero si tal cosa fuese cierta, esto implicaría dolo y si media dolo no hay pago de los seguros. El informe elaborado por las aseguradoras y reaseguradoras no puede demostrar dolo y que a la vez accedan a pagar. Es incompatible.
¿Qué ha pasado con el Tribunal de Arbitramento parar llevar el caso de responsabilidad?
Este Tribunal ya está instaurado y se nombraron los árbitros. Como lo tenemos pactado en el contrato, es el escenario en el cual demostraremos si hubo responsabilidad mediante peritazgos técnicos expertos y pruebas. Serán los jueces quienes definan si hubo o no responsabilidad. Es tal nuestro convencimiento, de que no hubo responsabilidad, que invocamos el Tribunal. Buscaremos las reparaciones a las que haya lugar en virtud de lo que está acordado en el contrato.
El alcalde Quintero ha dicho que los contratistas deben pagar el monto del deducible, ¿pagarán esta parte?
Pagaremos lo que determinen los jueces que debemos, si es que tuvimos responsabilidad. Solo tendría derecho EPM a pago por parte nuestra, si se demuestra que tuvimos responsabilidad.
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