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Aerolíneas enfrentarían multas de hasta 20% de sus ingresos y de su patrimonio. Autoridad evalúa si adquisición de derechos económicos constituyó unión
Avianca y Viva Air se exponen a multas de hasta 20% de su patrimonio y 20% de sus ingresos operacionales, por cuenta de una investigación que abrió en su contra la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.
La máxima autoridad en temas de competencia busca establecer si las empresas violaron el régimen de libre competencia al materializar una integración empresarial sin la debida autorización previa de la Aeronáutica Civil.
La SIC formuló pliego de cargos contra Aerovías del Continente Americano (Avianca), Fast Colombia y Viva Airlines Perú (Viva). De acuerdo con la autoridad, las empresas habrían incurrido en “prácticas restrictivas de la libre competencia” desde que en abril de este año anunciaron un negocio para “unificar derechos económicos” y ser parte del mismo grupo empresarial. Declan Ryan, socio fundador de Viva, vendió 100% de las acciones a Roberto Kriete, accionista de Avianca y presidente de su Junta Directiva.
En ese momento, las empresas argumentaron que por tratarse de un acuerdo entre privados, no requería ningún tipo de autorización.
Luego, el 8 de agosto, solicitaron formalmente la integración empresarial ante la Aerocivil; solicitud que fue objetada.
Para la SIC, “la adquisición de los derechos económicos de Viva Air y Viva Perú por parte de Investment Vehicle 1 Limited, controlante de Avianca, habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o como mínimo, el inicio de la ejecución de la integración empresarial entre las aerolíneas mencionadas”. Por esto, advierte que “se habría constituido un incumplimiento del deber legal de informar una integración previsto en los artículos 8, 9 y 25 de la Ley 1340 de 2009, así como el artículo 1866 del Código de Comercio”, conceptuó la SIC.
Sobre esto, recalca que dicha operación “no fue informada, ni autorizada de manera previa a su realización por parte de la autoridad competente”.
“Nosotros creemos que Viva requiere apoyo financiero. Estamos hablando de 5.000 empleos directos, 22 aviones que están volando. Lo correcto para el país es permitir que Viva se salve”.
Competidores como Ultra Air vienen alertando que desde el acuerdo en abril, las aerolíneas vienen operando de manera articulada en planes y ofertas, y representan la amenaza de un monopolio por concentrar hasta 60% del mercado aéreo.
Las multas podrían ascender hasta 100 salarios mínimos legales vigentes (equivalentes a $100.000 millones), “o hasta por el 20% de su patrimonio, o hasta con el 20% de sus ingresos”.
Avianca ocupó en 2021 la casilla 37 entre las empresas con mayores ingresos operativos, según el informe de las 1.000 compañías más grandes del país de la Superintendencia de Sociedades, con $4,3 billones y un crecimiento de 34,7% frente al año anterior. Una multa por el 20% de sus ingresos estaría rondando los $877.000 millones.
Como parte del caso, la SIC formuló pliego de cargos contra Richard Galindo Sánchez, por “presuntamente haber facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado la conducta imputada a los agentes de mercado”.
El presidente y CEO de Avianca, Adrian Neuhauser, ha insistido que la solicitud de integración empresarial se da con el propósito de rescatar a Viva Air, y que no aceptarla “sería un error”. La aerolínea emitió un comunicado luego de que la SIC anunciara públicamente la apertura de la investigación en su contra, en el que sostiene que “Avianca y Viva mantienen sus operaciones con total independencia, compiten igual que siempre y siguen a la espera de la decisión de la Aerovicil”.
Señala que los argumentos de la SIC “son errados e imprecisos tanto de fondo como de forma”, y los tacha de ser “promovidos por otras líneas aéreas competidoras”. Ultra Air ha sido la empresa más vocal en su oposición a la integración empresarial de Avianca y Viva; de hecho, Avianca denunció ante la Fiscalía a su CEO, William Shaw, a quien señala de fraude procesal y entregar información falsa.
La empresa insiste en que cumple y ha cumplido con todas las normas aplicables en materia de control de integraciones.
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