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Superindustria ordena a Rappi cumplir con obligaciones
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La compañía tendrá un plazo de 45 días hábiles desde la publicación de la orden administrativa para cumplir con las obligaciones
La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Rappi cumplir con los tiempos de entrega, calidad y garantía de los productos y servicios que ofrecen tras haber recibido al menos 70 denuncias de parte de consumidores que advirtieron sobre este tipo de inconvenientes, tanto en el sitio web como en la aplicación.
La resolución de 27648 de 2024 expedida por la Superindustria ordena a la aplicación colombiana proteger los derechos de sus consumidores a cumplir una serie de medidas como asegurar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores a través de su aplicación móvil y en su sitio web, así como el cumplimiento de los tiempos de entrega de los productos que comercializa por dichos medios de venta.
De la misma forma, deberán cumplir con las obligaciones legales que le asisten en cuanto a los productos que ofrece y comercializa a través de una modificación de la información que suministra en materia de la exoneración de responsabilidades que tiene en la materia.
Frente a las situaciones en las que se bloquean las cuentas de los usuarios de la aplicación, Rappi deberá suministrar información clara, suficiente y oportuna acerca de estos casos, así como informar sobre el precio de los productos que se ofertan en sus plataformas con la indicación de precio por unidad de mediad (PUM) y garantizar que los productos cobrados correspondan con los valores que aparezcan en la app y en su sitio web.
Por otro lado, deberán modificar las cláusulas que se encuentran en los términos y condiciones de uso de su aplicación móvil y sitio web, de tal forma que indiquen explícitamente que no se hará responsable de la falta de disponibilidad, calidad, precio, estado e integridad de los bienes que comercializa.
Finalmente, la Superindustria ordenó a Rappi incluir un mecanismo en sus plataformas que le permita a sus clientes hacer un seguimiento sobre las peticiones, quejas y reclamos que se presenten. La compañía tendrá un plazo de 45 días hábiles desde la publicación de la orden administrativa para cumplir con las obligaciones impuestas por la entidad. El incumplimiento de las mismas desembocará en multas sucesivas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes mientras permanezca en rebeldía.
La entidad también resaltó que no es de su competencia diseñar o implementar planes de migración de este tipo de compañías
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