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¿Cómo está la contratación de seguridad privada en el país? / Gráficos LR
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Conjuntos residenciales buscan opciones con equipos de vigilancia autónoma para evitar sobrecostos que sobrepasan 13%
La inflación y el aumento en el salario mínimo ha llevado a que la contratación de personal de seguridad privada en los conjuntos residenciales se vea afectada. Los copropietarios han optado por contratar servicios tecnológicos como cámaras, sensores y sistemas de vigilancia, que suelen ser más económicos y prácticos.
Para Anderson Pinchao, gerente de Intesec, “la vigilancia física se está viendo reducida por cuenta de equipos de seguridad. Esto se ve en nuestro crecimiento de alrededor de 200% durante 2022 en la venta de nuestros equipos de vigilancia autónomos como cámaras de video y sistemas de detección más desarrolladas que las personas pueden monitorear desde sus teléfonos”.
En vista de este auge en la adquisición de seguridad tecnológica, la compañía proyecta un incremento de 270%, lo que equivale a ventas por cerca de $1.000 millones. Sin embargo, si bien esto muestra una reducción en la contratación de seguridad privada, para esta compañía, los equipos electrónicos todavía están entre 80% a 90% de las capacidades que ofrece un guardia de seguridad.
“Podemos decir que las ventas también han sido posible incrementarlas por los riesgos de robos y ataques a viviendas, pero los edificios inteligentes han implementado proyectos para tener una autonomía y control de sus bienes, y es así cómo se están implementando más servicios de los que ofrecemos”, agrega Pinchao.
Según datos de Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad), el personal operativo de vigilancia privada en el país está cercano a los 400.000 empleados. Frente a este panorama, el gremio, con base en la información que tiene, asegura que las empresas y personal de conjuntos residenciales, por el impacto en el aumento de costos, están considerando diversas estrategias como el recorte de personal, la automatización y la diversificación de servicios, la disminución de beneficios extralegales o la unificación de cargos.
“Estas medidas pueden ser necesarias para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y enfrentar los nuevos desafíos que plantea la reforma laboral y el desarrollo tecnológico”, explica Nicolás Botero Páramo, presidente de FedeSeguridad.
“La vigilancia física se está viendo reducida por cuenta de equipos de seguridad. Esto se ve reflejado en el crecimiento de 200% de estos servicios el año pasado”
Además, asegura que “puestos de vigilancia con guardas, con seguridad física podrían ser reemplazados por sistemas automatizados sin presencia de estos. En el mercado residencial siempre se evalúan alternativas, pues este es, usualmente, el mayor costo dentro de los pagos de administración de una copropiedad. Los servicios tecnológicos en muchas ocasiones son también la puerta de entrada a tener vigilancia privada”.
Los últimos datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada muestran que el sector aporta $10,5 billones anuales, lo que representa 1,2% del PIB. Y aunque en el país existen más de 800 empresas dedicadas a la seguridad privada como Prosegur, Atlas, Brinks, Securitas, entre otras, la automatización sigue creciendo. Desde FedeSeguridad observan que, si la reforma laboral se aprueba como está, los costos en vigilancia privada tendrían un incremento de hasta 13 % este año.
Tarifa de vigilancia privada subió 16%
Para este año, el incremento en la tarifa fue de 16%. Este un repunte que los gremios explican por la alta inflación que se vive en el país. Según datos de FedeSeguridad, en la vigilancia privada el costo de nómina es muy alto y asciende a aproximadamente 85% de los costos totales. Eso hace que el impacto para el usuario final sea bastante fuerte. Las empresas de vigilancia para estar a la vanguardia han establecido acciones innovadoras como el uso de la aplicación App123, que establece un canal de comunicación entre el personal y la Policía Nacional.
La compañía dijo que el proyecto tendrá un plazo de finalización de un año, pues se espera que se entregue a inicios de 2026
Los dos parques eólicos tenían una capacidad combinada de 0,5 GW y contaban con una generación prevista de 2,5 TWh/año
Adriana Guillén, presidenta ejecutiva, señaló que para la vigencia 2025 se tiene una disponibilidad de 65.000 subsidios anuales
