Las aplicaciones de movilidad piden seguridad jurídica para seguir con planes de inversión

Desde la llegada de Uber a Colombia en 2013, el Congreso de La República tiene una tarea pendiente con las aplicaciones de movilidad: regularlas. Desde ese momento, se han presentado una decena de proyectos de Ley y actualmente hay seis radicados, a la espera de una decisión.

El problema es complicado por la dispersión de ideas e intereses en cada proyecto. El Ministerio de Transporte dice que “la regulación debe centrarse en que las reglas sean iguales para todos, y exista una debida protección al usuario”, pero dicen que ellos solo acompañan técnicamente el trámite legislativo, por lo que el balón queda en el Congreso.

De los proyectos de Ley, cinco buscan regular las aplicaciones y solo uno, liderado por Jorge Robledo y Jorge Gómez, busca prohibirlas. La iniciativa más sonada es la de Mauricio Toro, del Partido Verde, que busca desmontar gradualmente el sistema de cupos, así como la creación de un fondo al que iría 2% de la facturación de plataformas de movilidad para poder compensar el costo de estos mecanismos. Algo parecido busca el del Frente de Esperanza, liderado por Carlos Acosta, que además plantea el uso de big data para asegurar la eficiencia del servicio.

La iniciativa del exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, obligaría a que cada conductor se constituya como una empresa unipersonal, además obligarlos a pedir permisos a la autoridad municipal, y de dejar la determinación de los cupos en manos de los municipios, sin que sea superior al 10% de taxis.

Algo muy parecido plantean la senadora del Centro Democrático, Ruby Chagüi, Horacio Serpa, del Partido Liberal y otros senadores. Buscan que cada conductor constituya una empresa en la Cámara de Comercio y solicite el RUT ante la Dian, además de que pida un permiso que se deberá renovar cada año, y prohibiría las tarifas inferiores a las de los taxis.

El proyecto de Alfredo Ape Cuello y Eméterio Montes del Partido Conservador, junto a otros congresistas, dispone el servicio de estas aplicaciones para público de lujo, elimina el modelo de cupos, limita la posesión de vehículos por persona y permite el uso de tarifas dinámicas.

Ante este panorama, las aplicaciones de movilidad celebran la labor que se ha hecho, pero piden una seguridad jurídica para su permanencia en el país. David Luna, presidente de Alianza IN, resaltó que “llevamos años dando el debate y mientras tanto estas empresas crecieron, maduraron y hoy generan 200.000 fuentes de ingresos para hogares colombianos que viven en incertidumbre sobre su futuro económico porque no hay reglas claras”.

Simeng Wang, gerente general de DiDi en Colombia y Chile, dijo que la incertidumbre pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de las compañías, y las inversiones en el país. “Queremos que Colombia sea el HUB y esto traería más inversión, pero dependerá de si tenemos un marco regulatorio sólido”, dijo; mientras que Manuel Torres, country manager Cabify Colombia, afirmó que “la seguridad jurídica es un factor decisivo a la hora de pensar una inversión en Colombia”.

Por su parte, Uber puso a disposición su “experiencia regulatoria en más de 150 jurisdicciones en el mundo”, y Angie Ardila, gerente de asuntos públicos de Beat en Colombia, dijo que buscan “un marco regulatorio que establezca reglas claras para todos en el sector de la movilidad”.

A pesar de la voluntad de las partes, esta no será una discusión fácil, ya que tiene que contar con los taxistas, que con la salida temporal de Uber ya han mostrado lo que pueden hacer.

Estefanía Hernández, gerente de Taxis Libres, explicó que, por ejemplo, ellos quisieran que los particulares en el servicio de transporte tuvieran placas blancas y, como ellos, debieran hacer la revisión tecnomecánica cada año, entre otros puntos difíciles de negociar y aceptar para las plataformas de movilidad.