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Las cinco EPS que se acogieron al Decreto 600 de 2020 para usar reservas técnicas y saldar vigencias anteriores
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En 2020, por cuenta de la pandemia, el Gobierno sacó el Decreto 600 para que las prestadoras asumieran compromisos con las reservas técnicas
Esta semana, la Contraloría General reveló hallazgos fiscales por más de $6 billones en 24 EPS, las cuales usaron recursos de la UPC de 2020 para pagar deudas de vigencias anteriores.
El escándalo no termina ahí, pues algunas de estas entidades dispusieron de esos recursos en honorarios de miembros de Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates,bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina, planes complementarios de salud, entre otros.
"La coyuntura del covid-19 hizo que un problema estructural del sector aflorara de esta forma. Por haber tenido menos atenciones derivado del aislamiento, los recursos de la UPC fueron girados plenos, pero la facturación de los prestadores fue mucho menor a lo que ese ajuste tenía que financiar”, explicó Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el sector salud.
En otras palabras, el marco normativo le exige a las EPS el reintegro de recursos cuando no son ejecutados, al ser de naturaleza pública. En 2020, en plena pandemia, hubo menos atenciones por el temor de la gente de consultar los servicios de salud y $6 billones debieron ser devueltos al sistema.
En ese momento, por la pandemia, el Gobierno les permitió a las EPS por única vez, mediante el Decreto 600 de 2020, usar sus reservas técnicas si querían generar flujo de caja para el pago de vigencias anteriores, “pero los excedentes de UPC debieron ser reintegrados. Esto es básicamente uno de los hitos que encontramos”, agregó Niño.
Aunque esta medida les permitió a las EPS generar flujo de caja, tan solo cinco EPS acudieron a la normativa:Salud Total, que pagó deudas de vigencias anteriores por más de $7.679 millones; Sanitas, que saldó más de $7.594 millones; Mutual Ser, que canceló más de $2.934 millones; Coosalud, que pagó más de $429 millones; y Fundación Mía EPS, con más de $228 millones.
En total, pagaron poco más de $18.000 millones mediante esta figura especial que aprobó en aquel entonces el Gobierno Duque, un valor bastante inferior si se compara con los $6 billones que debieron reintegrarse al sistema.
"Precisamente es un tema estructural que venía pasando hace muchos años en el sector salud pero pandemia lo hizo florecer. Creemos que el informe sirve como una base conceptual para que se discuta alrededor de cómo se está manejando la UPC en términos de lo que se puede o no se puede", dijo Niño.
Agregó: "el Gobierno ese año dispuso de una cantidad de recursos adicionales para atender las patologías derivadas del covid-19, esos recursos no podían ser utilizados por parte autónoma por parte de las EPS. Cuando eso no se usa debe ser reintegrado al sistema general de seguridad".
Aunque algunas EPS alegaron que tenían órdenes judiciales que les obligan a hacer pagos de una vigencia pasada, la Contraloría enfatizó que el Decreto 600 les permitía en el marco normativo para asumir los compromisos con las reservas técnicas, de una forma vigilada por la Superintendencia de Salud.
"Está muy bien eso de que hay una orden judicial, pero, ¿por qué se pagaron deudas de 15 o 16 años atrás, incluso peor deudas prescritas? ¿por qué se pagan honorarios de Junta Directiva", cuestionó Carlos Hernán Rodríguez, contralor general.
El órgano de control aclaró que las deudas de vigencias anteriores constituyen un pasivo propio de las EPS, mas no del sistema de salud, "lo cual difiere del pago ordinario de servicios de salud que se prestan durante la vigencia respectiva. El pago de vigencias anteriores al año 2020, corresponde a una práctica que viola los principios de legalidad, anualidad, así como la destinación taxativa del recurso, lo que constituye una pérdida de recursos públicos, que descalza financieramente y de manera estructural el sistema de salud".
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