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Inversión Extranjera de España en Colombia
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El antecedente más fresco de un pleito como este se remonta a 2017, cuando Naturgy demandó por la toma de Electricaribe
El Estado colombiano estaría muy cerca de entrar a un pleito jurídico con el grupo español Keralty, dueño de EPS Sanitas, que recientemente fue intervenida por la Superintendencia de Salud; una medida con la que fueron removidos el representante legal y los accionistas de la entidad.
En entrevista con LR, Juan David Riveros, abogado de Keralty, manifestó que los propietarios con participación en este conglomerado están considerando notificar una disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de la inversión.
Con corte a 2022, los datos compartidos por la Superintendencia de Sociedades muestran que EPS Sanitas fue la tercera aseguradora en salud con mayores ingresos en el país, alcanzando $8,7 billones y unos activos por $2,4 billones.
Riveros indicó que, desde Keralty, consideran desproporcionada la toma de control por parte del Estado y dejó claro que el interés de los dueños es que la operación retorne a ellos.
Rafael Felipe Gómez, abogado experto en derecho comercial, señaló que "si el Estado colombiano interviene en empresas, especialmente en aquellas con participación extranjera, y no se cumplen los requisitos establecidos por las leyes y regulaciones nacionales, las instancias internacionales pueden intervenir en función de los tratados internacionales de inversión y protección de inversiones de los que Colombia sea parte".
El experto explicó que hay varias instancias a las que podría acudir Keralty en busca de proteger sus intereses. Por ejemplo, mencionó los tribunales internacionales de arbitraje, en los que se incluye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial o tribunales de arbitraje ad hoc.
También, señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) pueden desempeñar un papel en la resolución de disputas entre inversionistas extranjeros y el Estado colombiano.
“Si el Estado colombiano interviene en empresas, especialmente en aquellas con participación extranjera, y no se cumplen las regulaciones, las instancias internacionales pueden intervenir”.
Agregó que "Colombia ha firmado tratados bilaterales de inversión con varios países, que establecen derechos y obligaciones para los inversionistas extranjeros. Si un inversionista considera que sus derechos han sido vulnerados, puede invocar las disposiciones de estos tratados y buscar remedios a través de los mecanismos de solución de controversias previstos allí".
Igualmente, hizo notar que los acuerdos comerciales que se hayan firmado con otros países pueden incluir disposiciones relacionadas con la protección de las inversiones extranjeras y los inversionistas pueden apelar a estas disposiciones en caso de controversias con el Estado.
En 2016, el Estado tomó el control de Electricaribe, la compañía encargada de suministrar la energía en la costa caribe. En esa ocasión, la medida llegó a través de la Superintendencia de Servicios Públicos y, básicamente, el argumento para ejecutarla obedecía a dificultades financieras que ponían en riesgo la prestación y la calidad del servicio.
La empresa le pertenecía a Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy) y la controversia entre las partes llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
En este mediático caso, la disputa también se desarrolló con un inversor de origen español, país que con corte a 2023 fue el segundo que más inversión directa puso en Colombia (US$2.441 millones).
En 2021, el Ciadi falló a favor de Colombia, que fue demandada por $4,8 billones; siendo este el arbitraje de inversión más cuantioso y complejo en la historia del Estado.
Juan David Riveros, el abogado de Keralty, dijo a LR que "si uno llega al escenario del tribunal de inversión internacional, allí se harán unas pretensiones de carácter indemnizatorio".
Por ahora, EPS Sanitas está bajo control del Estado y Duver Dicson Vargas fue nombrado como agente interventor de la entidad, teniendo bajo su cargo a 5,7 millones de afiliados. Junto con esta, el Gobierno ya intervino a siete aseguradoras en Salud (Nueva EPS, S.O.S EPS, Asmet, Emsanar, Savia Salud y Famisanar).
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