Las sanciones que recibió Uber de la SIC y la Supertransporte durante su operación

Desde el primero de febrero Uber dejó de funcionar en el país, tras seis años de presencia. Esta decisión fue tomada tras la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de suspender sus servicios en Colombia, al fallar una demanda que interpuso Cotech S.A. (quienes manejan la aplicación de Taxis Libres) por competencia desleal.

Sin embargo, aunque Uber apeló el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, la compañía anunció al Estado colombiano que buscará demandarlo y, así abrirá otra disputa ante las autoridades colombianas, de las cuales recibió cuatro multas en su tiempo en el país.

En 2015, Uber recibió una sanción por parte de la Supertransporte por facilitar la vulneración de las normas sobre la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial. Esta sanción fue impuesta por 700 salarios mínimos y según la entidad, ya se encuentra paga.

Para 2016, la compañía recibió una sanción por no cumplir con las normas vigentes impuestas por el Ministerio de Transporte por el valor equivalente a 500 salarios mínimos legales vigentes, multa que también ya fue cancelada.

La más reciente ocurrió en diciembre pasado, cuando la Superintendencia de Transporte impuso una multa correspondiente a $414 millones a la empresa, por incumplir la orden de no promover ni promocionar servicios no autorizados de transporte.

“Se evidenció que Uber en los años correspondientes a 2017, 2018, 2019 no acreditó cumplimiento a la orden impartida por la Superintendencia de Transporte que señaló, específicamente, que esa actividad debía cesar”, indicó la resolución.

Esta sanción se encuentra actualmente en recurso de apelación y tiene un año para ser resuelta. “Contra la decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación. Se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa”, puntualizó la Supertransporte.

Adicional a estas sanciones, la SIC sancionó a Uber en agosto de 2019 por un monto de $2.128 millones por obstruir una visita administrativa que realizó la entidad el 13 de octubre de 2017.

La SIC también exigió a Uber, fortalecer medidas de seguridad para proteger los datos personales de los colombianos.

Según la compañía, su decisión de dejar de operar en el país no fue propia, “sino por dar cumplimiento al fallo del juez de la SIC que obliga a la compañía a cesar, exigencia que solo se hace a Uber y no a las demás apps de movilidad colaborativa disponibles en Colombia, creándose así distorsiones en el mercado”.

Finalmente, en su momento la app dijo no estar en situación de ilegalidad, “pues las normas que invocan por parte de MinTransporte fueron expedidas en 1996, cuando las aplicaciones no existían y dado lo explicado, no son aplicables a modelos de negocio como el de las plataformas tecnológicas”.