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Los hechos detrás de Chiquita Brands International.
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La compañía perdió un litigio con víctimas del paramilitarismo: tendrá que pagar US$38,3 millones a personas afectadas por las AUC
Chiquita Brands International, uno de los grupos agroindustriales con mayor trayectoria del mundo, fue declarada culpable por financiar las Autodefensas Unidas de Colombia, con una suma de US$1,7 millones,dineros que se habrían girado entre 1997 y 2004. Un juez del Distrito Sur de Florida determinó que los recursos girados por la multinacional fueron utilizados para cometer crímenes de guerra.
“El concepto de las repúblicas bananeras nació en relación con los cambios de legislación nacional en algunos países para favorecer a la United Fruit Company”.
La compañía estadounidense, que fue fundada en 1870, tuvo una importante influencia política y económica en diferentes países de Centro y Suramérica, como Ecuador, Guatemala, Honduras y Colombia, dando luz a lo que se conoció como las ‘repúblicas bananeras’. En varias naciones financió y orquestó golpes de Estado para favorecer sus intereses propios.
“El concepto de las repúblicas bananeras surgió entre las décadas de 1910 y 1920 en relación con los cambios de la legislación nacional que hubo en muchos países de Centro, Suramérica y de el Caribe, para favorecer a las multinacionales estadounidenses. En Colombia, se cambiaron las reglas laborales para favorecer a la United Fruit Company y desfavorecer a los trabajadores de esa multinacional”, explicó Wilson Pabón, doctor en Historia.
Muchos de los episodios en los que estuvo involucrada la multinacional marcaron la historia del país, como fue el caso de la Masacre de las Bananeras, cuando todavía se llamaba United Fruit Company.
Esta empresa, que fue fundada en 1899, luego de una fusión entre la Boston Fruit Company y la empresa ferroviaria Minor C. Keith, estuvo involucrada en la matanza de sus trabajadores a manos del Ejército Nacional, para poner fin a una huelga que organizó el sindicato de los empleados de la multinacional, en Ciénaga, en el Magdalena.
Luego de entrar en quiebra durante la década de 1970, la compañía se reorganizó como Chiquita Brands International y, su filial en Colombia, estuvo involucrada a finales de la década de 1990 con el paramilitarismo, un ‘patrocinio’ descubierto por las autoridades en 2004.
“Los paramilitares defienden el modelo capitalista y neoliberal. Son grupos armados para defender los intereses de las empresas privadas. La estrategia de la United Fruit Company afectó la esfera política en los países donde operó”, agregó Pabón.
Después de un litigio de 17 años, que arrancó en 2007 por una serie de demandas civiles interpuestas por nueve víctimas, la compañía confesó haber incurrido en dichos pagos, los cuales se efectuaron entre 1997 y 2004. En los expedientes quedó registro de que los altos directivos de la empresa matriz en Estados Unidos conocieron de los pagos hechos a las extintas AUC por parte de la filial colombiana.
Pese a estar obligada a entregar US$38,3 millones a las víctimas por su financiación a las autodefensas, la compañía insistió en que realizó los pagos a dichos grupos armados para lograr la protección de sus empleados, algo que las autoridades no pudieron comprobar.
“Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial”, declaró Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, entidad que representó a las víctimas ante la justicia.
Ante el Departamento de Justicia de EE.UU., la empresa admitió los pagos que efectuó a las AUC y fue multada por violar un estatuto antiterrorista estadounidense, con una cifra de US$25 millones. Sin embargo, esta es la primera vez que deberá responder por los daños ocasionados a las víctimas de los crímenes de los grupos paramilitares.
El jurado del tribunal encontró a la compañía culpable en ocho de los nueve casos que se presentaron como víctimas en el litigio contra Chiquita Brands, que reveló nuevamente los movimientos obscuros detrás de la empresa para proteger sus intereses.
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Esta suspensión podría afectar también el empleo; según estimaciones de las compañías, se llegarían a perder entre 80.000 y 85.000 puestos de trabajo
Alejandro Weinstein, Nicolas Weinstein, Ernesto Carrizosa y Jose Frugone fueron los nombramientos confirmados por la compañía
