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Tras varios nombramientos fallidos el alcalde de Medellín, anunció la junta definitiva de la empresa que celebró ya su primera reunión
La travesía para encontrar los nuevos miembros de la junta directiva de EPM culminó para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Luego de que cuatro personas declinaron su nombramiento, finalmente, el mandatario anunció la conformación de la junta y ayer se celebró su primera reunión.
Los primeros en decir sí fueron el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo; el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio y el exalcalde de Medellín, Omar Flórez, y a ellos se sumaron en el órgano directivo la abogada Bernardita Pérez y el consultor Jorge Andrés Carrillo. También fueron nombrados como vocales de control Guillermo Diosa, Gildardo Antonio Correa, y Olmer Orlando Palacio.
El primer reto que deberá sortear la junta es Hidroituango, principal proyecto de la empresa, pues el eje de la renuncia en pleno de la junta pasada fue justamente ese. Los nuevos integrantes deberán decidir si continúan o no las acciones legales que interpuso la compañía contra los consorcios participantes de la obra, que podrían culminar en una demanda por $9,9 billones.
“La contención está planteada, es un escenario para conversar, conciliar es dialogar, estamos llamando a las partes para que concilien”, dijo a LR el presidente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón.
A esta presión se suman la de lograr que la obra entre en operación sin más retrasos. A la contingencia que inició hace dos años se suma la del covid, que movió nuevamente el cronograma, por lo que ya no entrará en funcionamiento en 2021, sino en 2022.
“Estamos contentos de que hubieran aceptado hacer parte de este órgano de dirección. En su primera tarea se dispuso estructurar las comisiones en que deben hacer parte”.
El segundo gran reto de la nueva junta es la entrada a Caribe Mar, la mitad del mercado con el que se quedó EPM en marzo luego de la subasta de Electricaribe. La empresa será la responsable de prestar el servicio a 1,5 millones de personas en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. La compañía tiene previsto ingresar al segmento el 30 de septiembre y tiene un compromiso de hacer inversiones de U$10 millones en ocho años.
El tercer desafío es común al sector, y tiene que ver su relación con la ciudadanía, ya que una tendencia hacia la cultura de no pago de servicios que se ha presentado en la pandemia y está afectando el flujo de caja de todas las compañías de servicios públicos.
Según la Superservicios, entre marzo 31 y julio 26 se evidenció que 31% de los suscriptores del servicio de energía en el país presentan mora en el pago de su factura, y la deuda se incrementó en 8,37% ($303.499 millones), con lo que llegó a un monto acumulado de $3,9 billones.
“Uno de los retos que tiene la nueva realidad de EPM y la junta es recuperar la confianza con uno de sus stakeholders más importantes, la ciudadanía”, dijo Alejandro Moreno, director general de Inalde Business School.
Esto se suma a la necesidad de cohesionar el gobierno corporativo, el cuarto reto del órgano de dirección, que se vio golpeado no solo por las renuncias, sino también por el poco interés en pertenecer que mostraron otros potenciales candidatos. Finalmente, la junta deberá levantar la percepción de los inversionistas sobre la empresa, luego de que Fitch rebajó las calificaciones de EPM.
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