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La Anla archivó el trámite de licencia de Quebradona de AngloGold, lo que se suma a La Colosa. ambas iniciativas darían $560.000 millones en regalías cada año
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió un auto por medio del cual archivó la solicitud de licencia para Quebradona que había radicado AngloGold Ashanti (AGA) en 2019 y que en enero de 2020 inició su trámite. Si bien no se trata de una negativa final y la empresa puede interponer un recurso de reposición, significa un nuevo obstáculo para la ejecución del proyecto.
AGA ya había debido suspender todas sus actividades en Cajamarca, Tolima, en la mina de La Colosa por cuenta de una consulta popular que mostró un desacuerdo de la comunidad. Los proyectos tenían una inversión programada cercana a US$1.800 millones y una proyección de 2.250 empleos directos en etapa de operación.
En el caso de Quebradona, la consideración se fundamentó en conceptos técnicos relacionados con el área de influencia, el depósito de relaves y caracterización de componentes hidrogeológicos, hidrológicos, de geotecnia y bióticos.
Con esto son varias las consecuencias: la empresa minera frena una inversión de casi US$2.000 millones, quedan en standby más de 5.000 empleos directos y se genera incertidumbre sobre la diversificación de la matriz minera.
“Se evidencia una falta de alineación entre la toma de decisiones del país y la dinámica mundial de la demanda de minerales estratégicos para la transición energética y la lucha contra el cambio climático”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien expuso que esta decisión además de los evidentes impactos económicos para el país, retrasan la diversificación de la matriz minera. Esta mina de cobre, representa, según Nariño, una producción clave para la reactivación económica, así como para la transición energética.
“Las empresas no pueden partir de la premisa de que la Autoridad les va a otorgar la licencia. AGA presenta la solicitud y debe esperar que se analice la información”.
“Mientras en Chile y Perú se aprovecha la dinámica mundial, en el país vemos cómo estas decisiones que son estratégicas para la economía se aplazan de manera indefinida”.
Ana María Gómez, presidente de AngloGold Ashanti, resaltó que la calidad de su Estudio de Impacto Ambiental y las características de la mina les generaba tranquilidad de que sería otorgada la licencia a más tardar en primer semestre de 2022.
Otro de los riesgos con esta decisión es el mensaje que se da a los inversionistas extranjeros, para quienes el riesgo país constituye una variable fundamental. “El futuro de la inversión extranjera es incierta por cuenta de esta decisión de la Anla”, afirmó Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, para quien este proyecto representaba una bandera del Gobierno no solo en este aspecto, sino también en materia de reactivación.
Sobre este punto, el gremio de minería manifestó que el cobre es el metal de la recuperación. “Los proyectos de interés nacional son claves para la reactivación económica y necesitan certeza en el cumplimiento de tiempos y procedimientos”, manifestó la ACM.
Acosta señaló que el cobre, como metal de interés, es muy relevante para el futuro de las finanzas del país. AGA había calculado que entre Quebradona y La Colosa podría dejar anualmente cerca de $560.000 millones en regalías para el país.
AGA lleva 14 años en el país y han invertido cerca de US$1.400 millones. Hasta el momento, no han iniciado la extracción de material, pero Gramalote, su tercer proyecto, obtuvo la licencia ambiental, con lo que a finales de 2022 iniciaría su construcción.
No cumplía requisitos de gestión de riesgo
Un estudio contratado por Comfama para analizar el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIA) radicado ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por AngloGold Ashanti concluyó que este no contiene los requisitos mínimos requeridos para el análisis de riesgo. El plan de gestión de riesgo propuesto no incluye la reducción de este, ya que se enfoca en la mitigación del riesgo, asevera el análisis. El estudio afirma que una de los principales problemas con el EIA es la delimitación de su área de influencia, que es más amplio que lo planteado por la empresa.
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