Los medios de comunicación que más han solicitado ayudas económicas al Gobierno

La mayoría de los periódicos regionales; una cadena de radio, Caracol, propiedad del grupo de capital español Prisa; Cable Noticias, un canal de televisión por cable cuyo principal propietario es venezolano; el Canal Uno, propiedad de Daniel Coronell, Yamid Amat, el expresidente César Gaviria, Patricio Wills y la firma estadounidense Hemisphere Media Group (Hmtv), son los medios que pidieron más al erario público para reactivar sus negocios.

Esto en el marco de la adjudicación de $85.000 millones, a través del Ministerio TIC (MinTIC), para -como dice la Ley con que fueron aprobados- “la financiación de programas, planes y proyectos, para la transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación, con el objeto de promover la reactivación económica de los medios de comunicación”.

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Y le están pidiendo más plata no solo porque la categoría en la que están lo permite, sino porque aspiran casi a los montos máximos establecidos.

Estos hallazgos se desprenden de una revisión de las propuestas radicadas ante el MinTIC y que, en su mayoría, son de acceso público. En su mayoría porque algunas, muy pocas, hay que reconocerlo, tienen sello de confidencialidad por decisión de los proponentes.

Otro hecho destacado es que los medios de comunicación de los grupos empresariales, Santo Domingo (Caracol Televisión, El Espectador, Blu Radio, Pulzo, entre otros); Ardila Lülle (Canal RCN, RCN Radio, NTN 24, La República, entre otros), Luis Carlos Sarmiento (El Tiempo, CityTV, entre otros) y Gilinski (Grupo Semana) decidieron no participar y competir por estos recursos.

El Grupo Gilinski manifestó en un editorial en la revista Semana que no participaría en este “rescate estatal… en medio de tantas necesidades de nuestra sociedad y en vísperas de una reforma tributaria necesaria, pero sin precedentes para atender a los más necesitados”. Semana fue más dura al afirmar que “los problemas de base no se solucionan con ayudas estatales. De ser así, solo se perpetuarán modelos ineficientes y dependientes de la contratación pública”. Es un hecho que, incluso sin esa convocatoria, una gran proporción de los ingresos de muchos medios dependen de la publicidad oficial.

Se sabe que hubo amplia discusión, sobre si participar o no en la convocatoria del MinTIC, en algunos medios.

Los argumentos iban desde el efecto negativo que podría tener para su imagen, hasta si tenía presentación que los grupos acudieran a recursos públicos frente a necesidades más apremiantes de la población, como el gasto social y la atención de la pandemia, que incluía, entre otros, el pago de vacunas y el de servicios hospitalarios. Otro argumento tiene que ver con los cuestionamientos que podrían surgir en torno a la independencia de sus medios.

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Televisión y digital
Pero este pudor de los grandes grupos económicos, como se deduce de algunos nombres de los que más pidieron, no es compartido por todos.

A la hora de sacar el sombrero para pedir dinero público, Coronell no es el único que superó sus pudores, hasta un exitoso medio cercano a la Colombia Humana, como Cuartodehora.com (solo sitio web), uno de cuyos propietarios es Gustavo Bolívar, al igual que Coronell, crítico del Gobierno y el uribismo, pidió plata.

Tanto el de Coronell como el de Bolívar podrían ser calificados, por sus críticos, como casos de simple “coherencia”, a pesar de que muy seguramente no van a hipotecar su independencia. Bolívar, en particular, ha sido crítico, como toda la Colombia Humana, del manejo de la pandemia, que podría ser mejor gestionada con más plata.

Otra cosa es la presencia, junto a Coronell, del expresidente César Gaviria, como copropietario de Canal Uno, que hace temer a más de uno por el peso que podría tener la influencia política en la adjudicación de estos recursos. Otra cosa también es la presencia de un inversionista extranjero -Hmtv-, que hace pensar en qué tan legal, o ético, es que pueda recibir, o al menos aspirar, a recursos del Estado. La misma reflexión cabe en el caso de Prisa, dueño de Caracol, o el venezolano Alberto Federico Ravell, accionista de Cable Noticias.

Global Media Telecomunicaciones S.A.S., empresa que se asocia al nombre de Ravell, también aparece con nombre propio con otra propuesta por $761.366 millones.

Dentro del listado de los medios digitales que más solicitaron plata al Gobierno llama la atención que solo figuran dos de gran tráfico (y reconocidos), curiosamente desde orillas ideológicas opuestas: KienyKe ($471 millones), identificado por su cercanía con el Gobierno; y Cuartodehora.com, el de Gustavo Bolívar, ($465 millones).

Ningún otro líder nativo digital reconocido, por su influencia o tráfico se presentó o, al menos, no se identifica por el nombre del proponente.

Los regionales
Pero hay una diferencia muy grande entre los bolsillos de los multimillonarios y los de los medios regionales para soportar la crisis.

Los mayores montos fueron pedidos por ellos, muchos al límite por propuesta en la categoría ($1.500 millones para los regionales de frecuencia diaria).

Al igual que los demás participantes, los periódicos regionales tuvieron que hacer un curso intensivo en licitaciones, o pagar a asesores para presentarse, lo que les significó inversiones considerables en pequeños ejércitos de asesores.

Los requisitos eran tan exigentes, pero sobre todo dispendiosos, que se asimilaban a una licitación real (porque en estricto rigor no lo es). Por eso, muchos de los aspirantes temen ser descalificados en el proceso de evaluación, y no entrar en el sorteo (cuyo método no se conoce), por una simple coma (como ha ocurrido en licitaciones verdaderas), a pesar de que está prevista una etapa llamada de subsanación de propuestas, que se debe iniciar en los próximos días.

El proceso era dispendioso porque, por ejemplo, por cada ítem que incluía en su propuesta, desde un micrófono hasta un software de miles de dólares, el periódico regional, como todos los demás aspirantes, tenía que conseguir tres cotizaciones. En muchos casos, rogar por cotizaciones. La única forma en que este requisito se obviaba era que el ítem estuviera en los acuerdos de precios de Colombia Compra Eficiente, un portal del Estado tan difícil de usar que muchos periódicos regionales tuvieron que acudir a expertos para usarlo.

Increíblemente, las propuestas no podían incluir precios encontrados en sitios de comercio electrónico, como Amazon o Mercado Libre, donde se encuentra mejor surtido y precios. Increíblemente, porque en los considerandos del decreto de convocatoria se dice que el MinTIC ha establecido, como parte del ‘Plan El Futuro Digital es de Todos’, “una estrategia de Transformación Digital enfocada a la masificación del comercio electrónico…”.

De todas esas cotizaciones se seleccionaba una para armar el presupuesto. Un proceso nada fácil que llevó a más de un propietario a pensar que, a pesar de entender el celo por el uso de recursos públicos, se quiere dificultar su entrega.

Otro problema que enfrentaron los periódicos regionales es el dilema entre crear empleos, una contraprestación al Estado y la sociedad, y la sostenibilidad de su negocio, a sabiendas de que el Estado solo paga estos “equipos de trabajo” los primeros cuatro meses, en la práctica, porque los recursos tienen que ser ejecutados antes del 31 de diciembre de este año. Significa que la carga laboral debe ser asumida a partir de entonces, con o sin reactivación.

Muchos de los postulantes a esta plata, no solo los periódicos regionales, no entendieron bien la condición de ejecutar los presupuestos antes de esta fecha y pusieron en sus propuestas proyectos que superaban los cuatro meses. Otros crearon grandes equipos de trabajo cuya sostenibilidad es dudosa. Solo en casos excepcionales, como el software, por ejemplo, el Estado extendió el pago. En este caso hasta por 36 meses por licenciamiento.

El lado oscuro
Uno de los temores que se tenía con la participación de los grandes grupos económicos es que sus medios entraran en diferentes categorías, llevándose la mayoría de la plata.

Hoy, ese temor se hace realidad, pero en cabeza de algunos de los dueños de periódicos regionales, que aspiran a obtener dinero por diferentes fuentes.

El caso más obvio es el de El País de Cali (El País en reorganización) que aspira obtener con dos propuestas casi $3.000 millones (una por $1.499 millones y otra por $1.497 millones).

Otro caso obvio es el de El Colombiano, que aspira a $1.496 millones en la categoría, periódico regional de frecuencia diaria (el monto máximo por propuesta es de $1.500 millones), y al mismo tiempo aspira a obtener $50 millones en la categoría revistas.

Pero hay que reconocer que tanto El País, como El Colombiano, al menos con estas propuestas, lo hacen de forma transparente. Pero, y he aquí lo más grave, es que no todo es tan transparente como en los casos citados.

Entre los participantes puede haber periódicos que se presentan a nombre propio, pero al mismo tiempo pueden ser accionistas de otros periódicos regionales que también se presentan en la misma categoría.

Un ejemplo, aunque podría haber más, es el Q’hubo que circula en Bogotá, cuya propuesta es presentada por el llamado Grupo Nacional de Medios por $1.068 millones.

El Grupo Nacional de Medios agrupa socios de la prensa regional: los Galvis de Santander (propietarios de Vanguardia Liberal, de Bucaramanga), los Lloreda del Valle del Cauca (propietarios de El País, de Cali) y los Gómez de Antioquia (propietarios de El Colombiano).

Las familias accionistas del Grupo Nacional de Medios S.A. son accionistas de Colprensa. El Grupo Nacional de Medios está detrás de la edición del periódico popular Q’hubo, que tiene 12 ediciones locales en el país.

La edición de Pereira de Q’hubo también presentó una propuesta por $1.352 millones.

La familia Galvis, además de ser propietaria de los periódicos Vanguardia Liberal de Bucaramanga, tiene participación accionaria en El Universal de Cartagena. Como la mecánica de la adjudicación prevé que va a haber un sorteo, podría haber empresarios que recibieran más de un subsidio.

No es claro si existen restricciones legales a este respecto, pero al menos no suena ético ni equitativo para los demás participantes.

En la radio
Al revisar el listado general es evidente, en medio de infinidad de radios comunitarias y locales, la proliferación de propuestas de Caracol Radio, propiedad del Grupo Prisa, a través de Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. y Caracol Estéreo S.A.S.

De 28 propuestas que hay en la categoría ‘Cobertura Emisora Clase A’, 15, cada una por menos de $100 millones (que era el máximo permitido por propuesta) corresponden a Caracol, para un total de $1.205 millones. Ese es un monto elevado, si se toma en cuenta que el total de plata asignada a la categoría es de $3.640 millones.

Pero un dueño de periódico regional podría argumentar que su empresa podría haber presentado una propuesta separada por cada periódico que imprime, que podría ser equivalente a lo que una empresa de radio presenta por cada emisora.

Las propuestas de Caracol Radio para la transformación digital incluyen plata para pagar, entre otros, por licencias Adobe Creative Cloud, aplicación para sintonizar radio digital, un esquema digital de gestión de audio, implementación Dalet Galaxy, Proyecto Conectividad Regional Centro, gestión de redes sociales, unificación de sistemas editoriales web, estudios digitales de video, y Proyecto VoIP - IP Telefonía IP. Algunas de ellas beneficiarán a emisoras como La Básica o La W.

En esa categoría, William Vinazco usa la misma estrategia, con dos propuestas, la una por $89,9 millones (con el nombre Plan de formación en marketing digital equipo producciones Willvin) y la otra por $100 millones (con el nombre La radio no solo se escucha, ahora la ves).