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En inconvenientes con temas legales y administrativos tienen a Juntas Directivas en España, preocupadas por sus compañías
El diario El País de España acaba de titular "Madrid se estrella en América", el análisis hace un recuento de cómo empresas españolas están pasando por una serie de problemas jurídicos y operativos los cuales tienen que ver con pleitos en temas de dinero, algunos por reclamaciones o por escándalos.
Uno de los problemas más preocupantes para las Juntas Directivas que están en España se concentran en Colombia. Aquí, Canal de Isabel II, compañía estatal, "las relaciones entre su filial en el país andino, Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios), y la Triple A, la sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad de Barranquilla, derivaron en un intenso periplo judicial que tiene como trasfondo una trama corrupta, conocida como caso Lezo", dice El País.
Y es que el problema con estos pleitos terminó como resultado en que la Fiscalía General de la Nación, anunció el año pasado un embargo de acciones de Inassa, que suponen el 82% del capital de la Triple A, por un valor de casi 70 millones de euros (US$77,7 millones). Allí lo que está pasando es que la investigación intenta definir si hubo sobreprecio en la compra de la filial por parte de Canal de Isabel II.
Incluso el presidente Iván Duque respaldó las investigación de la Fiscalía y le hizo seguimiento al caso. Sin embargo, esto se convirtió, por parte de los ejecutivos españoles, en un problema internacional porque “Es la primera vez que veo a un Estado tomar medidas cautelares contra otro Estado, porque recuerden que Canal de Isabel II es un bien público”, dijo Rafael Prieto Martín, vicepresidente de Canal.
En otras zonas de América Latina como Argentina, los problemas que ya suman varios meses se mantienen, y 2020 comienza con disputas. En Buenos Aires, la empresa Metro de Madrid le vendió a la ciudad 36 vagones. El problema entonces, fue que se había utilizado fibras de amianto, un material que está prohibido tanto en España como en el país gaucho.
Lo anterior, llevó a que desde Buenos Aires se emprendieran acciones legales, y la situación subió a un nivel en el que se pidió una reclamación por más de US$166 millones.
Esa misma compañía (Metro de Madrid) el Gobierno de Quito los buscó para asesoría en el proyecto de ampliación de la línea de la ciudad, bajo un acuerdo de US$10 millones. Pero en medio de cambios de Alcaldías, se llegó a un reacuerdo solicitado por un nuevo mandatario a tal punto que se terminó pidiendo un reajuste, por medio de una reclamación de US$1,4 millones.
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