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Entre lo pactado, se contempla hacer reuniones trimestrales con todas las comisiones para evaluar el avance de los compromisos
Luego de más de 40 días de protestas en San Vicente del Caguán, que dejaron dos campesinos y un policía muerto el Gobierno y los habitantes de la zona lograron llegar a un acuerdo que contempla el nombramiento de una comisión mixta de derechos humanos y la revisión de las condiciones de cumplimiento de los contratos de concesión de Emerald Energy, entre otros puntos.
Los principales motivos por los que protestaban los campesinos de la zona era por el incumplimiento del Gobierno en la pavimentación de 42 kilómetros de vía que comunica a Los Pozos con el casco urbano, la falta de obras de infraestructura, la presencia de organismos estatales y el pago de US$1 millón en efectivo cada año por parte de Emerald Energy. La última petición fue rechazada por la compañía al ser un delito de extorsión.
Sin embargo, el Gobierno acordó cumplir algunas de las peticiones de los campesinos, como la presencia de organismos estatales. Entre los principales puntos que se tocaron fue el nombramiento de una comisión mixta de derechos humanos, la cual estará compuesta por la Defensoría del Pueblo, que la presidirá el Ministerio de Justicia, la dirección del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Además, estará acompañada por Coscoopas y la misión de la ONU en Colombia.
Esta comisión tiene como objetivo acompañar y analizar los casos que hay en contra de los campesinos de las organizaciones sociales del Meta, Guaviare y Caquetá.
El segundo punto que contempla el acuerdo es que el Gobierno deberá entablar un diálogo con Emerald Energy y crear una mesa técnica entre el Ministerio de Minas, el Anla y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para revisar las condiciones de cumplimiento de la "ejecución del contrato de concesión y solicitudes realizadas por los delegados de la comunidad que versan sobre la compensación ambiental y social del proyeto Capela de la petrolera.
El tercer punto habla sobre la integración de los acuerdos de Altamira, Villaviencia, Lejanías, Solano y el acta firmada en octubre. Para esto, se creará una comisión entre ele Gobierno y las comunidades, que se encargará de "revisar y ajustar el contenido, la metodología de ejecución y la contratación del equipo técnico de las organizaciones sociales".
El cuarto punto habla sobre el reconocimiento por parte del Gobierno a la Coordinadora Coscoopas como interlocutor de las organizaciones sociales del Caquetá, Meta y Guaviare para el cumplimiento de dichos acuerdos.
El quinto punto contempla la reconversión productiva y detención de la deforestación en Caquetá, Meta y Guaviare. Para ello, la Fiscalía General de la Nación deberá investigar quienes son los que generan los mayores daños en la Amazonía.
El sexto punto se refiere al compromiso de Coscoopas para terminar la movilización social en Caquetá y el retorno de las comunidades a sus lugares de origen antes de 24 hora desde que se firmó el acuerdo.
Además, se deberán hacer reuniones trimestrales con todas las comisiones para evaluar el avance de los compromisos firmados.
Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), en más de un mes que llevaban las protestas se dejaron de producir más de 80.000 millones de barriles de petróleo. Además, Colombia dejó de recibir $2.600 millones de regalías, de los cuales, $650 millones le pertenecían al San Vicente del Caguán.
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