Más de 50% de los afiliados al sistema de salud en el país están a cargo del Gobierno

Tras confirmarse la intervención a S.O.S EPS, el número de afiliados al sistema de salud bajo la responsabilidad del Gobierno subió a 25,8 millones; cifra que representa 50,4% de los usuarios registrados en Colombia, que son 51,1 millones. Ahora la expectativa apunta a qué tan bueno será el desempeño de las aseguradoras controladas por el Estado.

La cobertura total de la población, a juicio de expertos en el sector, es uno de los mayores logros del actual sistema. Sin embargo, tal como lo señaló Eduardo Lora en el texto Economía Esencial de Colombia, "el mayor acceso había elevado el gasto, generando una situación de crisis financiera".

Todo este preámbulo sirve para entender que el argumento de la Superintendencia de Salud a la hora de tomar el control de las EPS, precisamente, ha sido la mala situación financiera de las aseguradoras que, desde su perspectiva, implica un riesgo para la atención de los afiliados.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, con corte a octubre de 2023, la deuda de las 16 EPS que no cumplían con indicadores de liquidez y solvencia totalizaba $3,3 billones.

¿Será distinto con la administración del Gobierno?

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) había señalado desde hace tiempo que hay una "desfinanciación" en el sistema y expuso que, en gran parte, esto obedecía a la insuficiencia del monto en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la demora en el desembolso de los presupuestos máximos; ambos aportes a cargo del Gobierno.

La ecuación se mantiene con las mismas variables: millones de usuarios demandando servicios con los mismos presupuestos disponibles. ¿Entonces habrá una diferencia ahora que las EPS con más usuarios son controladas el Estado?

Julio Alberto Rincón, interventor de la Nueva EPS, reveló además el reto que les encargó el presidente Gustavo Petro a quienes hoy administran las aseguradoras intervenidas: "Nos decía que no podría aceptar que la población colombiana afiliada con nosotros tuviera una sola muerte, que tenemos que trabajar por eso".

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En la historia reciente del sistema, es la primera vez que el Estado se hará cargo de una cantidad de usuarios como la que hoy día le otorga la toma forzosa a siete EPS.

Respecto a las muertes evitables, indicador que ha estado en el centro del discurso del presidente Petro, Ramón Abel Castaño, médico y consultor en sistemas de salud, indicó que "todos los sistemas de salud las tienen y lo importante es disminuirlas".

"Dentro de esa disminución, Colombia lo hace bastante bien. Hace 20 años el país tenía más muertes evitables que el promedio de Latinoamérica y hoy estamos por debajo del promedio de la región", agregó el experto.

Desde su óptica, el Gobierno estará en observación bajo la misma lupa que le ha puesto al sistema. Y aunque el jefe de Estado está pidiendo cero muertes evitables, a su juicio, es un objetivo prácticamente imposible de cumplir.

¿Quién vigilará?

Una inquietud que se genera es quién supervisará la gestión de los agentes interventores que sustituyeron a los representantes legales y a las juntas directivas de las EPS intervenidas.

Paúl Rodríguez, docente de la Universidad del Rosario e investigador, señaló que "la Superintendencia de Salud empieza a ser la dueña de todo. Eso es lo que hace supremamente extraña la situación actual. El sistema podría funcionar bajo la lógica actual (todas las EPS siendo públicas) el problema es que quien tiene la labor de vigilancia, en este momento, tiene el control de una buena parte del sistema".

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Añadió que, "en principio, otras entidades pueden vigilar a las EPS intervenidas, porque son empresas, entonces todavía queda la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), algunas tienen manejos financieros, por lo que la Superintendencia Financiera, potencialmente, podría entrar a vigilar muchas de las cosas que hacen".

No obstante, en cuanto al desempeño del servicio, la Supersalud es la única con competencia sobre las aseguradoras bajo control del Estado.

El doctor Ramón Abel Castaño mencionó que, en una última instancia, la vigilancia recaería sobre las organizaciones de pacientes y las asociaciones de usuarios, que no tienen partido ni posición ideológica.