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Las protestas en en esa zona del país ha afectado a más de 400.000 habitantes que no han podido recibir alimentos y medicamentos
Tras las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien ordenó una “guerra total” contra la minería ilegal en Colombia, el gremio de mineros del Bajo Cauca antioqueño decidió manifestarse desde el pasado 2 de marzo bloqueando las principales vías que comunican a Antioquia con el departamento del Atlántico en los sectores de Llanos de Cuivá-Tarazá y en la salida de Caucasia.
El paro, que ya completa 10 días, ha afectado a las empresas como Mineros SA y Soma Gold. Cabe resaltar que la compañía Minera El Roble no tiene operaciones en esa zona del país, como anteriormente se había mencionado en un nota del pasado lunes 13 de marzo.
Este hecho ha retrasado la extracción de oro en esta región. Además, ha tocado a 400.000 habitantes del Nordeste y el Bajo Cauca que no han podido recibir alimentos y medicamentos, según Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad y Justicia
Al respecto, Andrés Restrepo, presidente de Mineros S.A., dijo que cerca de 937 empleados se han visto afectados, sumado a los proveedores y clientes. “Generamos más de 950 empleos directos, de los cuales 70% son parte de la comunidad de los territorios donde hacemos presencia (áreas de influencia), además de contratos de operación que buscan la regularización de la actividad minera con el cumplimiento cabal de los requisitos de ley y las buenas prácticas laborales y de sostenibilidad que hoy representan el sustento para aproximadamente 300 familias, más la generación indirecta de bienes y servicios que moviliza esta actividad”, dijo.
Las principales peticiones de los mineros informales son: la formalización de la minería artesanal, la reglamentación de la Ley 2250 de 2022 para otorgar la presunción de legalidad minera, la creación de distritos mineros, el otorgamiento de licencias ambientales, la modificación el artículo 106 de la Ley 1450 y el decreto reglamentario 2235, que excluye la aplicación de las normas a los mineros que están en el proceso de formalización, la titulación a pequeños y medianos mineros de la zona y respetar el uso de maquinaria durante las actividades de minería que se ha visto afectada por las acciones de la fuerza pública.
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Otras preocupaciones de la compañía corresponden a la forma en la que se incorporaría dicha tasa a la factura de servicios públicos
