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Hay una demanda que solicita la nulidad de la elección y se insiste en que no se respetaron los estatutos a la hora de designarlo. Hay Más de 30.000 accionistas a la espera.
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Hay una demanda que solicita la nulidad de la elección y se insiste en que no se respetaron los estatutos a la hora de designarlo. Hay más de 30.000 accionistas a la espera
Jorge Andrés Carillo es el octavo presidente en la línea cronológica de ISA y tomó las riendas de una empresa que tiene 65% de participación en el negocio de la transmisión eléctrica, y que además, cuenta con una capitalización bursátil de casi $19 billones.
Se trata de una empresa neurálgica para la operación y estabilidad del servicio energético en el país. La responsabilidad para quien la maneja es doble: por un lado, debe generarles valor a los accionistas y, por otro, tiene que velar por un manejo técnico en aras de evitar sobresaltos a los consumidores.
La elección de Carrillo fue confirmada el pasado 15 de agosto, pero no fue escogido de manera unánime y parte de la polarización interna entre la Junta Directiva trascendió a la esfera pública.
“Es importante la decisión que ha tomado el Consejo de Estado, porque aquí lo que necesitamos es que haya transparencia absoluta frente a ese nombramiento”.
“Sin la inscripción ante Cámara de Comercio, el doctor Carrillo no tendría la representación de ISA, constituyendo una mala práctica del órgano directivo”.
Se sabe que los cinco miembros de Junta nominados por Ecopetrol dieron su voto para nombrarlo, pero los cuatro restantes (tres nominados por fondos de pensiones y uno por EPM) no estaban de acuerdo con entregarle la presidencia, básicamente, por todo el ruido que generó cuando se desempeñó como gerente de Empresas Públicas de Medellín (ver cuadro).
El pasado 1 de noviembre se conoció que el Consejo de Estado le solicitó a la Junta Directiva entregar las actas redactadas durante la reunión en la que fue escogido Carrillo, esto en respuesta a una demanda accionada por Julio César Yepes, en la que solicitó la nulidad del nombramiento.
En el auto del alto tribunal, se observa que el accionante señaló que la designación del señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso, como presidente de ISA, la conoció por publicaciones en los medios de comunicación e informes realizados por la compañía a través de su página web, además, que la misma tampoco había sido registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín”.
Y en efecto, de acuerdo con el Registro Único Empresarial y Social, Rues, hasta el día de ayer, en la sección que notifica al representante legal de la compañía, la plataforma indicó que “por Acta No. 904 del 13 de diciembre de 2023 (...) se designó presidente (e) a Gabriel Jaime Melguizo”. Es decir, allí todavía figura el nombre de la persona que se hizo cargo de la organización desde la salida de Juan Emilio Posada y hasta la elección de Jorge Carrillo.
Rafael Felipe Gómez, especialista en derecho comercial y societario, señaló que, “sin la inscripción ante Cámara de Comercio, el doctor Carrillo no tendría legalmente la representación de ISA, constituyendo una mala práctica del órgano directivo, y un riesgo de cara a los proveedores o personas que, por confianza, suscriban actos en los cuales la representación queda en veremos”.
Gómez expuso que, frente a este caso, el Consejo de Estado podría, a solicitud de la parte demandante, resolver el eventual pedido de medidas cautelares tales como la suspensión de los efectos del nombramiento hasta que la Junta se pronuncie de fondo.
Y en otro escenario, agregó el jurista, “continuar con el trámite que puede culminar con la pérdida de efectos del nombramiento si no se siguieron los protocolos y procedimientos dispuestos para el efecto al interior de ISA”.
Desde que se conoció la elección de Carrillo, la división entre la Junta tuvo eco y según conoció LR, presuntamente, su nombre no estuvo en los listados que debían validar los asesores externos de cara a la decisión definitiva.
Ese supuesto salto a los estatutos representaría un riesgo porque la compañía también es emisora de valores en el exterior y hay participación de fondos internacionales, de manera que las buenas prácticas de gobierno corporativo deben evidenciarse ante cada movimiento.
En la sección de información relevante que la empresa pone a disposición de los accionistas, que dos calificadoras de riesgo, Moody’s y Fitch Ratings Internacional, le tienen asignada a ISA una nota de Baa2 y BBB, respectivamente, un score que se traduce en grado medio inferior con perspectiva estable.
Sin embargo, el último comentario, en el caso de Fitch data del 27 de marzo. Y en el Moody’s, tiene fecha del 9 de agosto, ambos previos a la elección y, por ahora, no se conocen pronunciamientos frente a la designación del nuevo presidente.
El mercado seguirá atento a los comunicados del Consejo de Estado, especialmente porque ISA registra a más de 30.000 accionistas que pusieron parte de su patrimonio allí.
Una vez terminó el empalme con la administración de Jorge Carrillo, John Maya Salazar, actual gerente general de EPM, declaró que la compañía quedó con un déficit de caja por el orden de $5 billones. Además, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que un testigo señaló que la gerencia de Afinia fue vendida por US$8 millones durante la gerencia del hoy presidente de ISA. Igualmente, la Procuraduría generó una alerta durante la licitación para terminar las obras de Hidroituango, en la que finalmente ganó la china Yellow River.
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