Nuevas medidas de intervención por captación ilegal de recursos de $28.635 millones

La Superintendencia de Sociedades comunica que, durante agosto y lo que va de septiembre, ha dictado tres medidas de intervención que ordenan la suspensión de actividades de captación no autorizada de fondos del público. Estas captaciones suman un total de $28.635 millones.

Estas medidas de intervención recayeron sobre las siguientes sociedades: Home Capital Colombia, Pyg Constructora y Cosmos Constructores y la Cooperativa Miltiactiva Mir de Colombia.

Home Capital Colombia llevó a cabo una captación de fondos por un monto de $20.070 millones, afectando a 202 personas. Esta empresa, con sede en Medellín, recibía dinero del público con el propósito de invertir en la compra y venta de bienes inmuebles, comprometiéndose a devolver las inversiones y a pagar utilidades fijas, utilizando contratos de mandato y cesión de derechos económicos.

Este esquema de captación no contaba con un bien o servicio como contraprestación, por lo que se trataba de una captación no autorizada de dinero. Antes de que iniciara el proceso judicial, Home Capital Colombia presentó un documento en el que expresa su intención de devolver los fondos mediante un plan de desmonte, actualmente en trámite.

Pyg Constructora, con sede en Pasto, recaudó más de $2.378 millones, afectando a 52 personas en la ciudad. La empresa recibía dinero de los depositantes y se encargaba de suscribir contratos de promesa de compraventa para entregar bienes inmuebles, como apartamentos, aunque no contaba con los lotes ni las licencias de construcción necesarias.

Mediante auto del 4 de septiembre, se dispuso la intervención judicial de la empresa con el fin de garantizar la pronta devolución de los fondos a los afectados. Se decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, activos y derechos de la empresa que puedan ser objeto de embargo.

Cosmos Constructores y la Cooperativa Miltiactiva Mir de Colombia, junto con sus representantes legales, recaudaron más de $6.185 millones, afectando a 191 personas en Bogotá. La Cooperativa utilizaba documentos denominados “proyecto cupo de vivienda” para captar fondos, los cuales transfería a la Constructora. En algunos casos, la Constructora firmaba promesas de compraventa para entregar inmuebles, aunque carecía de licencias de construcción y predios.

Después de completar el proceso de notificación del acto administrativo que ordenó la suspensión de sus actividades, el caso fue remitido al juez de la intervención para iniciar el proceso judicial de devolución de los fondos.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, subrayó que “la ciudadanía debe ser cautelosa al invertir su dinero para minimizar riesgos. En el caso de ofertas relacionadas con vivienda, los inversores deben verificar si las sociedades o empresas cuentan con las licencias necesarias para llevar a cabo los proyectos de construcción. Además, es importante asegurarse de que los fondos estén protegidos mediante fiducias que garanticen la adecuada administración de los recursos.”