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La Superintendencia de Salud designó a Duver Vargas como interventor durante el proceso, quien tomará posesión de los bienes y negocios
Sanitas entró a un proceso de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia de Salud. La entidad alega que la EPS no tiene una buena situación financiera, lo cual ha generado incumplimiento del indicador patrimonial y un incremento de las quejas de sus usuarios.
"Esto pone en riesgo la prestación de sus servicios a su población afiliada, que se estima en 5,7 millones de afiliados", dijo la Supersalud.
“La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”, dijo Luis Carlos Leal, superintendente de Salud.
Al revisar los estados financieros de la EPS, se encuentra que Sanitas tuvo una caída de 190% en materia de patrimonio durante el año pasado, pues pasó de $76.356 millones en 2022 a -$68.774 millones en 2023. Otros datos de la empresa arrojaron que durante 2023 sus pérdidas se contabilizaron en -$441.649 millones. Estos datos fueron determinantes para la toma de la decisión de la Superintendencia de Salud.
Otra de las razones para la intervención fue "una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones" hacia Sanitas. "Durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional", dijo la entidad.
El proceso continuará con la participación de Duver Vargas como interventor, quien "en adelante tomará la posesión de los bienes, haberes y negocios mientras se lleva a cabo el proceso de intervención".
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