Petro se refirió a la venta de acciones de Tigo-UNE y dijo que es "diluir la propiedad"

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Luego de que la Comisión Primera del Concejo de Medellín diera el visto bueno a la enajenación de las acciones de UNE que son propiedad de EPM, el Gobierno de Gustavo Petro se refirió a este hecho como un camino hacia la "dilución de la propiedad pública".

"El proyecto político del uribismo comenzó y terminó la tarea de sacar el sector público de las telecomunicaciones acercándonos a un monopolio privado", escribió el mandatario a través de su cuenta de X.

Además, Petro propuso reacondicionar el sector a partir de la potenciación de la propiedad pública en las grandes troncales de fibra óptica que deben empezar a salir de las fronteras, y de las juntas populares de Internet para gestionar redes comunitarias de fibra óptica.

Y, añade, "invitaría a ETB y a Emcali a construir una alianza de empresas públicas con Internexa".

En un debate de seis horas aproximadamente, con seis votos a favor y uno solo en contra, se dio la primera puntada para el camino que le sigue a EPM. La segunda sesión seguirá en la plenaria y los 21 concejales deberán votarlo antes del próximo miércoles, 21 de agosto.

Entre las causas de la enajenación de las acciones se encuentran requerimientos de capital, competitividad en la industria, optimización del riesgo y rentabilidad y la oportunidad para ejercer la cláusula de protección del patrimonio público. Esta última vence el 31 de diciembre de 2026 y otorga la posibilidad de que EPM y Millicom ofrezcan conjuntamente 100% de sus acciones al público.

“A EPM hay que cuidarla. EPM es y seguirá siendo una empresa 100 por ciento pública”, dijo en la sesión John Maya, gerente de EPM.

Además, comentan que es importante direccionar el capital invertido en UNE hacia actividades que EPM controle y gestione para obtener mayores beneficios y disminuir la exposición a los riesgos de UNE.

El Proyecto de Acuerdo No 012 ha sido socializado con los concejales de Medellín y sus respectivas bancadas, comunidad, gremios, universidades, medios de comunicación, sindicatos de EPM, funcionarios de EPM y a través de respuestas a derechos de petición.