“Las plataformas de movilidad tienen que seguir las reglas”, cofundador de Mi Águila

La regulación de las plataformas de transporte se ha convertido en uno de los principales focos del Ministerio de Transporte y de las aplicaciones para brindarle un mejor servicio y cumplir con las leyes del país. Por ello, la entidad pidió a los diferentes actores que enviaran propuestas para darle solución a la movilidad.

Fernán Ocampo, CEO de Linktic y cofundador de Mi Águila, afirmó que es positivo, pues “la problemática no son las plataformas tecnológicas, porque estas ayudaron a que nos organizáramos, lo que no está bien es la manera en que se está solucionando”.

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Por su parte, Manuel Torres, director general de Cabify Colombia, afirmó que “el gobierno respalda la regulación de las nuevas formas de transporte, dándole claridad, seguridad y equilibrio a las condiciones bajo las que operan, y alentamos al Congreso para que priorice su debate”.

Ocampo también resaltó que “las plataformas de movilidad deben cumplir las normas, porque no está bien que prefieran pagar sanciones a hacer las cosas bien”.

Cabe recordar que en un principio Mi Águila fue una aplicación de carro compartido, que conectaba estudiantes, principalmente, que iban al mismo destino o cerca para que pudieran usar un solo vehículo, pero el Ministerio les envió un requerimiento, porque eso era ilegal, “por lo que usamos la tecnología para tener una operación legal que actualmente se enfoca en empresas”, explicó Ocampo.

El cofundador de la compañía que cuenta con 2.000 conductores y transporta más de 100.000 pasajeros al mes, también explicó que dentro de las soluciones “hay que contemplar la exigencia de una nueva licencia C1, la de transporte público, así como una nueva categoría de servicio especial individual, con la que las personas deberán cambiar la placa por una blanca, hacerse exámenes médicos periódicos para asegurar que está en condiciones de transportar personas de manera segura, entre otras condiciones”.

Asimismo, afirmó que “para que no haya problemas con los conductores de taxi, proponemos que este servicio no se pueda coger en la calle, ni pagar en efectivo”, y agregó que “el servicio de transporte público en Colombia está exento de IVA, pero este modelo podría pagarlo para crear un fondo que esté destinado a los arreglos de la malla vial de las ciudades”, proyectando que el recaudo podría ser de $775.000 millones al año.

Además, según los cálculos, con los 100.000 vehículos que hacen parte de estas plataformas, podrían recaudarse más de $48.000 millones del impuesto ICA al año y tener $58.000 millones de retención en la fuente.

También proponen un incentivo para que 10% de las flotas de estas aplicaciones sean eléctricas y se vaya aumentando hasta completar 50% en 2024.

Por otro lado, en cuando a los planes de Mi Águila, Ocampo afirmó que la compañía crece más 10% al mes y en la ronda de inversión que inicia el primer semestre de este año esperan conseguir más de US$50 millones.

Actualmente tienen operaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, recientemente abrieron en Bucaramanga, y están consiguiendo contratos con diversas empresas, para llegar al Eje cafetero en el segundo semestre de 2021 y que su operación sea rentable.

Con la idea de retomar el concepto de carro compartido, hace unas semanas anunciaron el lanzamiento de las ‘Rutas inteligentes’, que busca conectar a las personas de las diversas empresas con las que tienen contrato para que compartan el carro con otras personas que van hacia el mismo lugar o cerca.

Además, Ocampo, afirmó que en caso de que se acepte esta normatividad ampliarían este modelo para llegar a las personas particulares y ofrecerles una solución de transporte eficiente y económica.

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Ocampo explicó que Uber no podría demandar al Estado colombiano por neutralidad en la red, pues eso es diferente a la normatividad de transporte. El primer concepto hace referencia a la calidad con la que se ofrece un servicio, que “debe ser igual para todo mundo sin importar en qué operador o red esté, pero no tiene que ver con la legalidad, pues si se hacen apuestas ilegales, Coljuegos manda a cerrar la plataforma, eso mismo pasa acá. Se necesita hacer por un proyecto de ley porque no se puede imponer por decreto”, explicó.