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Pero es necesario hacer claridad en lo siguiente: es cierto que algunos países como Alemania o Francia han asumido posiciones cautas frente a la explotación de yacimientos no convencionales (YNC). No obstante, las razones que han motivado esta legítima decisión no son solo por los riesgos ambientales. En el caso de Alemania, la explotación de YNC no ha sido una prioridad en la agenda de su política energética ya que es su proceso de transición hacia las energías renovables, la que ocupa el primer lugar en el debate. Además, es conocido que los recursos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables no son una de las principales fuentes de financiación de Alemania. Por su parte, la política energética de Francia, el primer país productor de energía nuclear en el mundo por número de habitantes, ha centrado su desarrollo y autonomía energética en esta tecnología, que también comporta riesgos ambientales. Además, al defenderse modelos en los que se ha declarado la moratoria o la prohibición sobre la explotación de YNC, debería informarse que ha habido países en los que se ha levantado esa declaración: después de ejercicios de estudio técnico y capacitación, han observado seguridad y confiabilidad en las operaciones como en el caso de la República Sudafricana. También debería tenerse en cuenta en el dialogo que hay países que, en el contexto regional, abiertamente han apoyado la explotación de YNC como México (unos 20 pozos) y Argentina (unos 200 pozos).
Las anteriores precisiones nos llevan a hacer un llamado a la contextualización del debate. Las decisiones de la política energética colombiana no son equiparables a las de países como Alemania o Francia. Nuestra realidad evidencia que hoy buena parte de la economía se sustenta en los hidrocarburos (8,3% del PIB en 2013) y sus rentas son importantes para la financiación de proyectos. Con fundamento en esta realidad, la política energética nacional ha favorecido desde hace más de dos años la exploración y explotación de YNC.
Como resultado, se ha llevado a cabo un largo proceso de capacitación de sus autoridades, se ha promulgado una reglamentación técnica y ambiental y se han fijado elevados estándares de experiencia, para aquellas empresas que aspiren a ejecutar estos proyectos en nuestro país. De la misma forma, la regulación promulgada impone a las autoridades responsabilidades del seguimiento y verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable. Entonces, el llamado desde este espacio es a que el dialogo sobre la oportunidad y/o conveniencia de los YNC se haga desde el reconocimiento de la realidad económica y social, de nuestras necesidades inaplazables, de la protección ambiental y de las comunidades, de la observación válida de las realidades internacionales, pero sin caer en el discurso (desinformador) de la importación de modelos energéticos que, al menos en el corto plazo, son irrealizables.
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