Por una energía más sostenible y competitiva

Para atraer inversión, creó el cargo por confiabilidad, una garantía de que los inversionistas recibieran un ingreso fijo por cada kilovatio hora de energía en firme comprometido, y  garantizaba que el precio quedara limitado por un máximo. El modelo dio lugar a inversiones para asegurar la generación de energía, garantizó a los inversionistas unos flujos de ingresos que hicieron posibles proyectos de expansión.

Si bien Colombia es un país privilegiado por la abundancia de sus recursos hídricos, las lecciones del pasado sirvieron para generar un modelo menos vulnerable a las adversidades climáticas. Es así como, en condiciones climáticas normales, la energía eléctrica en Colombia proviene de plantas de generación hidráulica, con más de 70%, y, en menor proporción, de plantas de generación térmica. Esa mezcla es excepcionalmente limpia y abastece con confiabilidad la demanda.

Por ser un servicio público con incidencia en 100% de la población y la industria, el sistema energético debe cumplir con garantizar el acceso a este recurso, independiente de las condiciones climáticas o del mix necesario. Además, es indispensable que haya una energía costo-eficiente que favorezca a la competitividad y posición de la industria en el comercio globalizado. Escalar posiciones de competitividad implica un importante esfuerzo de todos los actores de la cadena, comenzando por el Estado, como regulador, planeador del sector y articulador de las instituciones, pasando por todas las etapas de producción de electricidad (generación, transmisión, distribución y comercialización)- hasta el consumidor.

Agilizar la terminación de los proyectos es uno de los grandes retos que favorece la competitividad y la disponibilidad de energía. Por la naturaleza de la infraestructura de generación y los cambios ocasionados en las regiones en donde se construyen, se deben afrontar grandes retos tanto ambientales como sociales para lograr su sostenibilidad; se deben fortalecer los instrumentos que permitan la adquisición segura y oportuna de los derechos inmobiliarios para proyectos de generación de energía, implementar estrategias de acompañamiento del Gobierno a los proyectos desde su concepción y fortalecer la institución en regiones que presentan gran potencial energético.

Dados los esfuerzos del Gobierno colombiano para obtener la membresía a la Ocde y las barreras identificadas para la construcción de proyectos del sector, es de gran importancia reforzar el papel del Ministerio de Ambiente, otorgándole los medios para dirigir más eficazmente la labor de las Corporaciones Autónomas Regionales. También es indispensable generar instrumentos legales para reglamentar las Consultas Previas, para que este derecho indiscutible permita incorporar las variables sociales, y haga posibles los cierres financieros. Estas medidas, junto con una política de abastecimiento de gas, sin duda contribuirían a la competitividad y garantizarían que el sector eléctrico colombiano continúe ocupando los primeros puestos de sostenibilidad a nivel mundial.