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Solo 8.4% de los empresarios manifiestan el poder soportar la situación, lo que quiere decir que 91.6% están en riesgo de quiebra
Asobares Colombia realizó un observatorio de impacto económico frente a la crisis del Covid-19, el cual reveló que los establecimientos están en un riesgo inminente ante las medidas del Gobierno Nacional de la ley seca decretada hasta 30 de mayo.
Algunos de los datos claves recogidos, entre los 1200 establecimientos afiliados fue que 96,6% de los establecimientos operan en locales arrendados los cuales 69% tienen contrato de arrendamientos por medio de inmobiliarias o contratos de concesión de espacio; 39,8% operan en zonas declaradas como turísticas, mientras que las actividades económicas registradas en 72,2% se derivan de bares, restaurantes y de espacios con música en vivo. Además 30,3% tienen entre 1 a 10 empleados y 4,5% entre 301 a 1500 empleados.
Lo más grave de la situación actual, resalta en la investigación es que ante las medidas de emergencia actual de cierre total de sus operaciones comerciales, solo 8.4% de los empresarios manifiestan el poder soportar la situación, lo que quiere decir que 91.6% están en riesgo de quiebra.
"Lo primero que hay que decir que la vida y la salud de los colombianos esta por encima de cualquier interés económico, sin duda estamos ante una situación excepcional, pero también deben haber medidas excepcionales del Gobierno Nacional ante el cierre total de las operaciones en bares, discotecas y similares en el país", indicó Camilo Ospina, presidente de Asobares en Colombia.
De esta manera, la asociación decidió enviar un carta al presidente de la República en la que le pidió medidas como: autorizar la suspensión de contratos de arriendo comercial y de contratos de concesión de espacios por el periodo de emergencia; abrir una linea de auxilio o de crédito cero respaldada por Fogafin para la habilitación de recursos de capital de trabajo para el pago de nóminas, arriendos y trámites legales; postergar el pago del impuesto al consumo para pago 2021 y solicitarle a la Superintendencia de Servicios Públicos que las empresas de gas, agua y energía eléctrica que suspendan los cobros de los servicios a partir de la fecha y mientras opere el cierre total de actividades, entre otras recomendaciones que apuntan en el documento.
"Acciones decididas que esperamos de un gobierno ante una crisis que en estos momento es grave, pero que seguirá siendo peor en los próximos días", concluyó Ospina.
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