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El anuncio se hizo este martes luego de una reunión en la que esa comisión evaluó las conclusiones de la Universidad de Los Andes sobre la propuesta de rehabilitación de las torres 1 a 4 presentada por la constructora CDO.
Según el análisis de esa institución, la propuesta de la constructora no ofrece elementos suficientes para garantizar la seguridad en un eventual proceso de repotenciación y, posteriormente, en la edificación que sería sometida a ese proceso.
"No se considera viable garantizar el nivel de seguridad y el nivel de funcionalidad de una eventual edificación reforzada con los métodos y con las estrategias presentadas por esta firma", dijo Luis Eduardo Yamín, director del proyecto por parte de la Universidad de Los Andes.
En conclusión, dijo Yamín, "no se ofrecen desde el punto de vista técnico las garantías, las verificaciones, las demostraciones necesarias para poder adoptar la medida de rehabilitación propuesta y por lo tanto la universidad en ese caso decide concluir que esta propuesta no es técnicamente viable".
"Este es un caso muy especial porque se trata de un edificio que ya presentó un colapso, un edificio que fue necesario demoler en parte para poder disminuir la situación de alto riesgo que presentaba", agregó el vocero de la Universidad de Los Andes.
Claudia Restrepo, vicealcaldesa de Educación de Medellín, quien ha liderado el proceso por parte de la administración municipal, explicó que el paso siguiente es la determinación que adopte la Inspección de Policía al resolver el recurso de reposición presentado por CDO y teniendo en cuenta las conclusiones del estudio técnico.
La funcionaria aclaró que esa es una decisión autónoma de la Inspección de Policía aunque dijo que la administración espera una decisión definitiva esta misma semana.
"El inspector actúa como autoridad policiva y tiene autonomía frente a esa actuación, sin embargo, la solicitud que estamos haciéndole como Consejo Municipal de Riesgo y como Alcaldía de Medellín es que proceda con la mayor celeridad", dijo Restrepo.
La vicealcaldesa también afirmó que este anuncio no constituye una notificación formal a la constructora, pues será la Inspeccción de Policía la encargada de expedir un auto con la determinación sobre el caso.
En el auto del mes de enero, mediante el cual se ordenó inicialmente la demolición, la Inspección otorgó a la constructora un plazo de ocho días para presentar la propuesta de demolición y otro de un mes para llevarla a cabo. Sin embargo, esos periodos fueron modificados por el recurso interpuesto por CDO.
El concepto del Consejo Municipal de Riesgo abre la puerta a la decisión definitiva que se conocería esta semana y sobre la cual no caben nuevos recursos.
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