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Los retrasos que se podrían dar en la obra por el embargo de la Contraloría podrían generar un alza en la tarifa de energía en 2022
Una nueva tormenta se desató alrededor de EPM luego de que se conociera que la Contraloría General de la República (CGR) decidió hacer un embargo preventivo sobre uno de los contratistas de Hidroituango, lo que revivió las preocupaciones sobre la entrada en operación del proyecto, y sus implicaciones en el sector energético nacional.
En el marco del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la CGR por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto hidroeléctrico, con un daño fiscal estimado en $4,1 billones, se conoció un auto que ordena el embargo preventivo de las cuentas y bienes de Integral S.A., uno de los integrantes del Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor del proyecto.
Todavía no son claras las implicaciones o el alcance de la actuación de la CGR, que al cierre de esta edición no se había pronunciado, ni notificado de embargos adicionales.
Sin embargo, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, explicó en rueda de prensa que, además de Integral, uno de los contratistas del consorcio interventor había sido notificado por sus bancos de una orden de embargo preventivo, a pesar de no haber recibido una notificación formal por parte del ente de control.
Lo anterior, entonces, permite prever que hay al menos un embargo adicional, con lo que la dimensión del impacto todavía está por establecerse, a falta de información de la Contraloría.
“La información todavía es muy preliminar, está en análisis por parte de todos los actores, y habrá que hacer análisis posteriores para determinar las consecuencias al interior de las empresas y para el proyecto”, dijo Carrillo.
El gerente, además, afirmó que se acordó con los contratistas la continuidad inmediata, sin embargo, pero que el plan de continuidad y la ruta a seguir deberá establecerse una vez se concluyan los análisis.
A pesar del parte de tranquilidad que intentó dar el directivo, lo cierto es que en el sector energético han aumentado las preocupaciones sobre el impacto de esas actuaciones en el desarrollo de Hidroituango, cuyo cronograma para entrar en operación a tiempo es ajustado.
“La información todavía es muy preliminar, y habrá que hacer más análisis para determinar las consecuencias al interior de las empresas y para el proyecto”.
La inquietud surge porque un embargo bloquea la capacidad operativa de una empresa, al impedir, entre otros, los pagos a los proveedores o de la nómina. Ese escenario afecta la capacidad de los contratistas para seguir adelante con la obra en los tiempos establecidos, lo que podría llevar a que el proyecto retrase su entrada en operación y no entre la energía que debe producir en 2022.
Cabe recordar que la hidroeléctrica tiene compromisos de energía en firme para ese año, por lo que su freno generaría múltiples impactos en el sistema.
Varios analistas coinciden en que una sequía fuerte, sumada a una demanda al alza, configuraría una “tormenta perfecta” que haría revivir el fantasma de los racionamientos. Sin embargo, desde el Ministerio de Minas y Energía insisten en que no habría un déficit energético.
“El Ministerio revisa periódicamente el balance energético del país con la Creg, la Upme y el operador del sistema, XM. El balance actual nos da total tranquilidad de que tenemos energía suficiente para cubrir la demanda hasta el año 2024 bajo distintos escenarios, incluyendo atrasos adicionales que impliquen la no entrada del proyecto Hidroituango en el período de análisis”, dijo el titular de la cartera, Diego Mesa.
A pesar de las versiones encontradas, entre el Ministerio, que ofrece un parte de tranquilidad, y los analistas que mencionan la posibilidad de un déficit, en lo que sí coinciden casi todos los expertos es en que la no entrada de Hidroituango en 2022 llevaría a un alza en las tarifas de energía.
Esto, dijo un analista, porque aumentaría la exposición a los precios de la bolsa, en la que subiría el precio del kw/h al no haber cobertura. Ese aumento en el precio de la energía, necesariamente, se les trasladaría a los consumidores finales vía tarifa.
Ante ese panorama, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, dijo que, ante la incertidumbre de Hidroituango, hay que enfocar los esfuerzos en que los demás proyectos del sector entren a operar a tiempo.
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