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La Supersalud dijo que la compañía tenía un patrimonio negativo de más de $68.000 millones, con una variación de 190% respecto a 2022
Juan Pablo Currea, el representante legal de la Keralty S.A.S., accionista de EPS Sanitas, radicó una queja disciplinaria contra la Superintendencia de Salud y pidió acompañamiento de la Procuraduría para la intervención que adelanta la entidad contra la EPS. También apuntó a que dicho proceso sugiere "una posible expropiación".
“Me permito solicitar respetuosamente nos conceda un espacio con su equipo de trabajo de manera prioritaria para poner en conocimiento de ustedes las diferentes anomalías que observamos en el actoadministrativo, el cual consideramos que presenta una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de las EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados”, escribió.
Currea aseguró que la actuación del ente de control ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y “sugiera una posible expropiación”.
También solicitaron iniciar por parte de la entidad las investigaciones disciplinarias a que haya lugar y las demás actuaciones encaminadas a evitar la afectación del derecho fundamental a la salud de los 5,9 millones de afiliados a EPS Sanitas.
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